* En menos de una semana, magistrado dará la resolución del caso de Claudia Medina Tamariz
México, DF, 05 de febrero de 2015. Más de 170 mujeres defensoras de derechos humanos en México solicitaron a Arturo Gómez Ochoa, titular del Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz, que valore las pruebas aportadas por Claudia Medina Tamariz, sobreviviente de tortura a manos de la Marina, en la próxima resolución sobre el recurso que podría devolverle la libertad plena en menos de una semana.
La defensa de Claudia, llevada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), sostiene que la única prueba que la vincula al delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército es ilícita pues está relacionada con la tortura y retención injustificada y prolongada que padeció, pero la Jueza Tercero de Distrito declaró infundado este incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Ahora, el magistrado deberá resolver el recurso interpuesto por la defensa contra la decisión de la jueza Cándida Hernández Ojeda.
El 28 de enero se llevó a cabo la audiencia ante el magistrado, quien deberá emitir su resolución antes del 10 de febrero. Las activistas que respaldan a Claudia Medina, agrupadas en la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, enviaron una carta pública para solicitar que el magistrado tome en cuenta que Claudia Medina Tamariz es sobreviviente de tortura sexual y pueda quedar libre de la acusación de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Las defensoras, pertenecientes a 97 organizaciones de derechos humanos, señalaron que es “sumamente grave que la única prueba que vincula a la señora Claudia Medina Tamariz con el delito que se le imputa, sea el parte informativo de los elementos de la Marina, el cual está estrechamente relacionado con la detención y retención ilegal, incomunicación y tortura de la que fue víctima”.
Las firmantes piden al magistrado Arturo Gómez Ochoa que analice minuciosamente el caso y resuelva con plena autonomía, con base en la verdad y conforme a los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
UN RECUENTO
En la madrugada del 7 de agosto de 2012, un grupo de elementos de la Secretaría de Marina allanaron la casa de Claudia Medina Tamariz y la detuvieron ilegal y arbitrariamente junto a su esposo Isaías Flores Pineda. Fueron trasladados en una camioneta blanca sin insignias y llevados a la base naval en el puerto de Veracruz, cerca del aeropuerto, donde los mantuvieron incomunicados por cerca de 36 horas, sin ponerlos a disposición de autoridad alguna sino hasta el día siguiente a las 18:30 horas. Durante ese tiempo, Claudia padeció asfixia con una bolsa de plástico; electrochoques con cables enganchados a los dedos pulgares de sus pies; golpes sentada y amarrada a una silla, además de ser tirada y envuelta en plástico; fue amenazada de muerte;y sufrió introducción de dedos por vía vaginal, tocamiento en senos y amenazas de ser violada con un tubo; además, vertieron salsa picante en sus fosas nasales con una jeringa, entre otros actos.
Cuando la amenazaron con hacer daño a sus hijos, ella aceptó autoinculparse de formar parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y firmó una declaración cuyo contenido desconocía. Su detención, valoran las organizaciones de derechos humanos, tuvo la intención de aparentar una solución a los múltiples asesinatos de periodistas que en ese tiempo ocurrían en Veracruz.
El 12 agosto de 2012, Claudia fue consignada por varios delitos bajo la averiguación previa AP/PGR/VER/VER/III/587/2012. El 19 de agosto, el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Veracruz con sede en Boca del Río, dentro de la causa penal 186/2012, dictó auto de formal prisión por los delitos de portación de arma de fuego exclusiva, posesión de cartuchos y contra la salud. El 21 agosto 2012, a 14 días de la detención, el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, Zacatecas, concedió a Claudia libertad provisional bajo caución.
El 1 de febrero de 2014, el Ministerio Público del estado de Veracruz la acusó de probable responsabilidad en la comisión del delito de Delincuencia Organizada en la modalidad del que utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros, pero se le otorgó un amparo.
Claudia Medina está acusada solamente de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. La defensa interpuso el 15 de mayo de 2014 el incidente por desvanecimiento de datos, ya que el parte informativo sería ilícito al relacionarse con la tortura y la detención prolongada e injustificada de la que fue objeto.