* Oficina de Atención a Víctimas los presiona para que salgan de la ciudad y falla en seguir la denuncia contra sus torturadores.
México, DF, 4 de febrero de 2015. Presencia de agentes con armas largas en centros de trabajo, presiones de las autoridades para que abandonen Ciudad Juárez y amenazas de que se les dejará de atender en la Oficina de Atención a Víctimas por no aceptar las medidas decretadas por esa instancia es lo que viven los hermanos Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián Figueroa Gómez, así como Misael Sánchez Frausto, jóvenes sobrevivientes de tortura a manos de la Policía Ministerial de la Fiscalía Zona Norte del Estado de Chihuahua.
Desde que fueron detenidos, en enero de 2012, y hasta el día de hoy, los jóvenes y sus familias son hostigados por parte de agentes ministeriales de la Fiscalía Zona Norte, por medio de amenazas, vigilancia constante en sus domicilios y persecuciones, situación que se agravó en días reciente, cuando decidieron rechazar las medidas decretadas por la Oficina de Atención a Víctimas. El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que acompaña el caso, teme por la integridad de los jóvenes y sus familiares, y solicita protección para ellos.
El 18 de enero de 2012, los hermanos Figueroa Gómez y Misael Sánchez Frausto fueron detenidos por la Policía Ministerial de Chihuahua entre las 13 y las 19 horas. Su detención, acusa el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, se realizó violentamente, en puntos distintos y sin que mediaran órdenes de aprehensión o cateo. Las familias de los jóvenes no tuvieron noticia de ellos sino hasta el 20 de enero, cuando fueron presentados ante los medios de comunicación como integrantes de una banda de extorsionadores detenida en flagrancia.
Luis Adrián, quien era menor de edad cuando fue detenido, fue declarado inocente y recuperó su libertad el 30 de agosto de 2013; los otros tres jóvenes fueron exonerados y liberados el 2 de julio de 2014, pues “no fueron suficientes las pruebas aportadas por el Ministerio Público, además de que las jueces nulificaron pruebas ya que fueron tomadas ilícitamente a través de tortura”, explica el centro de derechos humanos.
El día 20 de enero de 2015, se sostuvo una reunión entre los familiares, los sobrevivientes de tortura, personal de la Oficina de Atención a Víctimas (en el área de Protección a Víctimas) y los defensores en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Se llegó al acuerdo de que se les haría la aplicación de Análisis de Riesgo y a partir de esto se tomarían, en conjunto con las víctimas y los defensores, las medidas necesarias y apropiadas para su protección.
La Oficina de Atención a Víctimas dictaminó que era necesaria la salida urgente de la entidad de todos los beneficiarios de forma inmediata, debido que se encontraban en grave peligro. Sin embargo, los jóvenes y sus familias decidieron rechazar esta salida pues no se les comunicó de forma exhaustiva cómo se llegó a esa conclusión; se les dio solamente plazo de una hora para decidir si aceptaban y salir de la entidad; se les comunicó que el apoyo gubernamental sería de tres meses solamente, y además intentaron engañarlos diciendo que la familia de Misael sí había aceptado.
Después de la negativa de las víctimas, la Oficina declaró cerrado el caso y mencionó que si requerían de sus servicios, tendrían que solicitarlos a través del Ministerio Público, denuncia el centro de derechos humanos, que agrega que la Unidad de Víctimas “no está favoreciendo el seguimiento a la denuncia interpuesta” por los jóvenes.
Desde ese momento se incrementó el hostigamiento por parte de la Policía Ministerial y la Policía Municipal en contra de las víctimas. “El día 26 de enero de 2015, llegaron al trabajo (gasolinera) del señor Juan Ignacio Figueroa, aproximadamente a las 7:00 de la mañana, dos camionetas tipo Explorer de dos cabinas, de las cuales descendieron ocho agentes de la Policía Ministerial con armas largas, observándolo por aproximadamente 20 minutos, retirándose posteriormente. Dicho eventos han sido repetidos en varias ocasiones de diferentes formas, días y número de agentes”, denuncia Paso del Norte, quien solicita la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos para los jóvenes.