* Ilícita, la única prueba en contra de Claudia Medina Tamariz, sostiene su defensa
México, DF, 3 de febrero de 2015. Con la próxima resolución de Arturo Gómez Ochoa, magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz, Claudia Medina Tamariz ?sobreviviente de tortura física, sexual y psicológica? podría recobrar su libertad plena.
La defensa de Claudia, llevada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), sostiene que la única prueba que la vincula al delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército es ilícita pues está relacionada con la tortura y retención injustificada y prolongada que padeció a manos de elementos de por parte de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), pero la Jueza Tercero de Distrito declaró infundado este incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Ahora, el magistrado deberá resolver el recurso interpuesto por la defensa contra la decisión de la jueza Cándida Hernández Ojeda.
A partir de la defensa asumida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Amnistía Internacional ha asumido el caso para sus campañas sobre tortura en México, dado su carácter paradigmático.
Para la defensa, de Claudia, “es sumamente grave” que el parte informativo de la Marina utilizado como única prueba esté estrechamente relacionado con la tortura de la que fue objeto. El maltrato que sufrió Claudia fue corroborado mediante el Protocolo de Estambul por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el expediente de queja CNDH/2/2013/8619/Q, y por peritos independientes.
En la madrugada del 7 de agosto de 2012, un grupo de elementos de la Secretaría de Marina allanaron la casa de Claudia Medina Tamariz y la detuvieron ilegal y arbitrariamente junto a su esposo Isaías Flores Pineda. Fueron trasladados en una camioneta blanca sin insignias y llevados a la base naval en el puerto de Veracruz, cerca del aeropuerto, donde los mantuvieron incomunicados por cerca de 36 horas, sin ponerlos a disposición de autoridad alguna sino hasta el día siguiente a las 18:30 horas. Durante ese tiempo, Claudia padeció asfixia con una bolsa de plástico; electrochoques con cables enganchados a los dedos pulgares de sus pies; golpes sentada y amarrada a una silla, además de ser tirada y envuelta en plástico; fue amenazada de muerte;y sufrió introducción de dedos por vía vaginal, tocamiento en senos y amenazas de ser violada con un tubo; además, vertieron salsa picante en sus fosas nasales con una jeringa, entre otros actos.
Cuando la amenazaron con hacer daño a sus hijos, ella aceptó autoinculparse de formar parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y firmó una declaración cuyo contenido desconocía. Su detención, valoran las organizaciones de derechos humanos, tuvo la intención de aparentar una solución a los múltiples asesinatos de periodistas que en ese tiempo ocurrían en Veracruz.
El 12 agosto de 2012, Claudia fue consignada por varios delitos bajo la averiguación previa AP/PGR/VER/VER/III/587/2012. El 19 de agosto, el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Veracruz con sede en Boca del Río, dentro de la causa penal 186/2012, dictó auto de formal prisión por los delitos de portación de arma de fuego exclusiva, posesión de cartuchos y contra la salud. El 21 agosto 2012, a 14 días de la detención, el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, Zacatecas, concedió a Claudia libertad provisional bajo caución.
El 1 de febrero de 2014, el Ministerio Público del estado de Veracruz la acusó de probable responsabilidad en la comisión del delito de Delincuencia Organizada en la modalidad del que utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros, pero se le otorgó un amparo.
Al día de hoy, Claudia Medina está acusada únicamente de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. La defensa interpuso el 15 de mayo de 2014 el incidente por desvanecimiento de datos, ya que el parte informativo sería ilícito al relacionarse con la tortura y la detención prolongada e injustificada de la que fue objeto.
La defensa solicitó “respetuosamente” al magistrado que tome en cuenta los argumentos y pruebas esgrimidos por Claudia Medina Tamariz con el fin de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en México. El Centro Prodh y Amnistía Internacional han exigido constantemente que los hechos se esclarezcan, para que Claudia encuentre la justicia, verdad y reparación frente a las violaciones a los derechos humanos que sufrió. Hasta la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) ha obstaculizado las investigaciones sobre la tortura, obviando las pruebas y peritajes que demuestran la tortura que sufrió Claudia.
En octubre de 2014 y a través de Amnistía Internacional, más de 300 mil personas dirigieron una petición al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para que realizara una investigación “íntegra, ecuánime e inmediata sobre la denuncia de tortura presentada por Claudia Medina Tamariz”, quien es parte de la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”.