*Opinión|Tlachinollan
Guerrero, 14 de octubre. “Estamos cansados de que nos sigan ignorando y de que solo sepamos por la televisión que andan buscando a muertos y no a nuestros hijos vivos”, reclamó indignado un padre de familia a las autoridades federales, ante la falta de resultados sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.
El dolor ha escalado al enojo y la desesperación. La desconfianza se ha profundizado porque las autoridades del estado y la federación en lugar de centrar su atención en los padres de familia, los han supeditado a su estrategia mediática y a sus mezquinos intereses políticos. De aquellas solo reciben un trato indigno que raya en el desprecio y la indiferencia. Los agentes del ministerio público se han encargado de hacer más cruento su sufrimiento al poner en duda sus declaraciones y al trivializar su dolor. Su indolencia y su frialdad acrecientan los temores de los familiares de los estudiantes desaparecidos, porque nada les garantiza que la información que proporcionan al órgano investigador se volverá en su contra o que los datos personales que se asientan, serán utilizados para que sus agresores los ubiquen mejor y atenten contra su vida.
La complicidad de las autoridades con el crimen organizado salpica a todas las instancias de gobierno, la sospecha es la marca que la población les ha endilgado a las autoridades por su maledicencia, opacidad, corrupción y malas prácticas que realizan contra la población a la que deben servir y proteger sus derechos.
Ya se agotó la paciencia de los familiares de los estudiantes desparecidos, porque ya tocaron todas las puertas, hablaron con las más altas autoridades de la federación, acordaron realizar trabajos de búsqueda y de investigación, sin embargo, no hay avances significativos en la indagatoria relacionada con el paradero de sus hijos. Es inconcebible constatar que todos los aparatos de seguridad y de inteligencia del Estado no puedan ubicar a los 43 estudiantes, después de 17 días, y sobre todo que sus investigaciones no den con los responsables materiales e intelectuales de estas desapariciones.
Esto mismo sucedió con los casos de Marcial Bautista y Eva Alarcón, dos defensores ecologistas de la sierra de Petatlán, en la región de la Costa Grande de Guerrero. Ellos fueron bajados de un autobús en la noche del 7 de diciembre de 2011 por miembros de la delincuencia organizada apoyados por policías ministeriales de Tecpan de Galeana, comandados por Cesario Espinoza Palma, alias el Ganso. El modus operandi fue el mismo: la policía ministerial en contubernio con miembros del crimen organizado realizaron el operativo para detener a Eva y Marcial con el fin de llevárselos con rumbo desconocido. Es importante recordar que kilómetros antes de su detención, elementos del Ejército detuvieron al autobús para preguntar a los pasajeros por Marcial Bautista. Nadie respondió y el autobús siguió su marcha hasta toparse con el segundo retén, donde los civiles armados dieron inmediatamente con Marcial, a quien bajaron a la fuerza y se lo llevaron junto con Eva Alarcón. A pesar de que se interpusieron las denuncias correspondientes y que sus hijas los buscaron en diferentes lugares de la región, nada se sabe de su paradero a más de 34 meses de sus desapariciones.
Los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos defensores del pueblo Na savi de Ayutla de los Libres, Guerrero, marcaron el inicio de este tipo de prácticas delincuenciales donde están coludidas autoridades municipales con miembros de la delincuencia organizada. El 13 de febrero del 2009, Raúl Lucas y Manuel Ponce, estando en un evento del ayuntamiento donde se inauguraba una oficina de las escuelas secundarias generales, y en cuyo lugar estuvo el director de seguridad pública acompañado por 25 elementos de la policía municipal, ingresaron 3 sujetos armados al evento. Después de recibir una llamada telefónica el director de seguridad y emprender la retirada, los sujetos armados se abalanzaron contra Raúl y Manuel para someterlos a punta de golpes y subirlos a su vehículo. Siete días después Raúl y Manuel aparecieron ejecutados en un paraje del municipio de Tecoanapa. De igual manera, a pesar de que se interpusieron las denuncias correspondientes, los caos de Raúl y Manuel, no solo quedaron en la impunidad, sino que generaron en la cabecera municipal un ambiente de mayor inseguridad para sus familiares y las organizaciones sociales y civiles que los apoyaban en las denuncias. Esto dio pie para que la Corte interamericana otorgara medidas provisionales a 107 defensores y defensoras, por los riesgos graves e inminentes de sufrir un atentado más. A pesar de estos recursos internacionales los dirigentes de la Organización del pueblo indígena Me phaa (Opim) se vieron obligados a salir del estado, ante las amenazas constantes que recibían por parte de los perpetradores.
Este patrón de desapariciones se enmarca dentro de un ambiente de impunidad estructural robustecida por las autoridades del Estado que no investigan ni castigan a los autores materiales e intelectuales que cometen graves violaciones a los derechos humanos, por el contrario, los protegen y los incorporan forman al círculo del poder impune. Esta práctica acendrada de tolerar la violencia institucionalizada, es impulsada por los cuerpos de seguridad que están al servicio de sus jefes políticos, quienes al llegar al poder tienen que corresponder los favores recibidos por parte de los grupos delincuenciales que apoyaron sus campañas. Las nuevas autoridades que ganan las elecciones con dinero ilícito están obligadas a pactar y a compartir el poder con las agencias del crimen, dejando en sus manos el control territorial para la implementación de sus negocios ilícitos y para transformar la plaza en un campo de batalla, dejando en total indefensión a la población civil.
Las 43 desapariciones de los estudiantes normalistas puso al descubierto la cloaca que ha infestado al poder político y que se ha sumergido en el pantano de la violencia por coludirse con los grupos delincuenciales. La telaraña del crimen tiene atados a buena parte de la clase política del estado que han emergido gracias al apoyo que ha recibido de estas empresas delincuenciales. Esta red criminal hace imposible que se conozca la verdad y se de con el paradero de los estudiantes, porque hay una complicidad institucionalizada y graves omisiones porque todos saben el modus operandi de las empresas criminales dentro de los diferentes espacios del poder político.
Ante esta embestida delincuencial, donde las autoridades han sido colocadas contra la pared, a los familiares de los estudiantes desaparecidos no les ha quedado otra alternativa que salir en busca de sus hijos a costa de su propia vida. Con mucho coraje y desesperación han reclamado a las autoridades su inoperancia ante la falta de resultados concretos; han exigido respeto a su dolor y los han obligado a que centren su atención en la búsqueda; a garantizar la participación de los familiares en estos operativos y a brindarles con presteza los avances de las investigaciones, así como la información obtenida día a día.
Han sido muy claros en su postura con el gobierno federal: no quieren que busquen muertos. Exigen que se implementen operativos de búsqueda de vivos. Quieren que a sus hijos los presenten vivos, que las autoridades pongan en operación toda la fuerza del estado para dar con su paradero. Las investigaciones ministeriales son una ruta segura para saber quiénes fueron los que se los llevaron y quiénes dieron la orden de que se los llevaran. Para los padres ya se agotó el tiempo de la espera. Los días y las horas que han transcurridos ya no permiten más minutos ni segundos de tolerancia. Todas las autoridades tienen que abocarse a la búsqueda con vida de los 43 estudiantes. Así lo exige la Comisión Interamericana, el Comité contra la desaparición forzada de la ONU, un grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas y el parlamento europeo. Todos ellos han manifestado su consternación por la desaparición de los 43 estudiantes. Así lo demanda el mundo entero y todos los movimientos que marcharon este 8 de octubre.
El grupo de expertos de la ONU manifiesta que “lo ocurrido en Guerrero es absolutamente censurable e inaceptable. No es tolerable que hechos de estas características ocurran, y aún menos en un estado de derecho…cada día se recibe información que hace aún más aterradora esta historia”. Por su parte los miembros del Parlamento Europeo expresan su consternación por los acontecimientos ocurridos en Iguala Guerrero. Comentan que “La sociedad mexicana, así como una comunidad internacional horrorizada, necesitan saber con urgencia dónde están los estudiantes desaparecidos. Nosotros los queremos de vuelta con vida junto con sus aterrorizadas familias…Todos necesitamos saber quién adujo a los estudiantes y por qué las autoridades y fuerzas de seguridad mantuvieron la vista gorda sobre los ataques, secuestros y asesinatos…Necesitamos tener toda la información acerca de la cooperación establecida entre las autoridades locales, la policía y el crimen organizado”. Concluyen diciendo “que se haga todo lo posible para esclarecer plenamente los hechos en Iguala/Guerrero y sancionar a todos los responsables. Y exigimos firmemente que no se de ningún paso adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de que la situación de los derechos humanos en México haya mejorado de manera significativa”.
La indignación nacional e internacional se ha expresado de manera contundente con las grandes movilizaciones realizadas en varios estados y países que convergen en la gran exigencia mundial de presentar con vida a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que fueron detenidos por policía municipales de Iguala Guerrero. La digna voz de los padres y madres de familia que retumba en el país demanda con urgencia a las autoridades mexicanas que encuentren con vida a sus hijos.