*Programas gubernamentales no cubren todas las necesidades de las y los mexicanos ni fomentan desarrollo autónomo regional
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 14 de octubre. Las reformas estructurales impulsadas por Enrique Peña Nieto “son un atentado para la realización del derecho humano a alimentarse de las y los mexicanos”, sobre todo en las comunidades donde se desarrollan megaproyectos ya que despojan a comunidades indígenas y campesinas y desalojan las tierras de las que depende su alimentación, denunció Alicia Carriquiriborde, integrante de Foodfirst Information And Action Netword (FIAN) México.
En el contexto del Día Mundial de la Alimentación de 2014 —16 de octubre— y cuyo lema de este año es “Alimentar al mundo, cuidar el planeta”, con el fin de sensibilizar sobre la agricultura familiar, la defensora instó a generar una ley en México que reglamente el derecho humano a la alimentación de acuerdo con las Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, emitidas en 2004 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).
La también integrante de Espacio DESC manifestó que el Estado no ha respetado las condiciones de vida de las poblaciones, pues ha expedido permisos de explotación a corporativos privados —tanto nacionales como trasnacionales—, lo que ha derivado en contaminación ambiental, de ríos, cuencas y mares así como en la reducción de productos agrícolas de autoconsumo y de las regiones.
La defensora advirtió la reforma laboral también causará afectaciones al derecho a la alimentación, ya que no garantiza la seguridad laboral de las y los trabajadores, pues “viola el derecho al trabajo y a un salario digno que permita al trabajador y a su familia alimentarse adecuadamente y realizar todos sus derechos humanos”. En este sentido, lejos de disminuir el hambre de las comunidades más pobres del país, “aumentará terriblemente la situación de pobreza y hambre”.
Para contextualizar la falta de garantía del derecho a la alimentación, Alicia Carriquiriborde resaltó que la “Cruzada contra el hambre” no apoya a la totalidad de personas en situación de pobreza y sin empleo, ya que sólo extiende sus beneficios a alrededor de siete millones y medio de mexicanos; además de que los apoyos no son suficientes para generar el desarrollo autónomo regional y comunitario, ni para lograr la autosuficiencia alimentaria familiar con libertad e independencia del control gubernamental.
A un año del desastre en la Montaña, gobierno no garantiza derecho a la alimentación
Las Directrices Voluntarias resaltan —sin dejar de lado las obligaciones del Estado— la importancia de una sociedad participativa en pro del derecho a la alimentación, por ello, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” relató la falta de atención por parte del gobierno hacia las comunidades guerrerenses afectadas en 2013 por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”.
El defensor señaló que las y los habitantes de la Montaña necesitaban granos básicos (frijol, maíz, arroz, principalmente) ya que sus sembradíos fueron destruidos tras el desastre; no obstante la respuesta del gobierno fue implementar comedores comunitarios atendidos por elementos del Ejército; además, dicho programa social carecía de perspectiva en derechos humanos y era discriminatorio, ya que sólo podían acceder a él mujeres, niñas y niños.
Fue por ello que las y los afectados realizaron diversas movilizaciones “cuyos ejes de resistencia eran el maíz y hacer valer el derecho a la alimentación”, con el fin exigir al gobierno el abasto de granos nativos, los cuales además de nutritivos, forman parte de la dieta mesoamericana. El gobierno accedió a las peticiones de las y los habitantes, sin embargo, el director de Tlachinollan denunció un retraso en la entrega de apoyos a las familias de la Montaña.