*CNDH concluyó que muerte del niño José Luis Tehuatlie fue por bala de goma y no por un cohetón, como aseguró la PGR
//Mary Cortez/Agencia Enfoque//
México, DF, 16 de septiembre. Para el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, preocupa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya invisibilizado las prácticas autoritarias del gobierno de Puebla en el caso de San Bernardino Chalchihuapan, esto tras dar a conocer la recomendación 2/2014 por violaciones graves, donde omite señalar que la llamada “Ley Bala”, emitida por el gobernador Rafael Moreno Valle, fue la que posibilitó las violaciones graves a derechos humanos.
Resulta preocupante que la CNDH esté guiada por una agenda política, más que por apego a su mandato constitucional, y por ello concluya, de una investigación sesgada, que las violaciones a derechos humanos “fueron producidas por omisiones y falta de apego al marco normativo, cuando hay elementos claros que demuestran la responsabilidad por acción deliberada del gobierno de Rafael Moreno Valle y de la Comisión presidida por Raúl Plascencia por el aval explícito a legislaciones que violan derechos humanos”, señala un comunicado emitido por el Frente.
En la recomendación, la CNDH responsabiliza a Facundo Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad estatal, por el operativo para contener la manifestación del 9 de julio y admite que hubo un “uso excesivo de la fuerza”, “negligencia” y se contaminó la escena; no se recabó evidencia “y los resultados presentados por la Procuraduría, obedecen a la ‘falta de preparación’, omitiendo el dolo de la autoridad estatal al falsear las conclusiones y desarrollar la ‘teoría de la onda expansiva’”, como causa de la muerte del niño José Luis Tehuatlie.
La Comisión concluyó que el menor de edad falleció por el impacto de un proyectil (de los llamados “bala de goma”) que portaban los policías enviados a contener la protesta, pero no confinó responsabilidades a la Procuraduría General de la República (PGR) por su actuación negligente al contaminar la escena y que el procurador Raúl Carrancá difundió una versión falsa en la que inculpa a las y los manifestantes.
Sin embargo, al Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social le preocupa que la CNDH le haya otorgado a la PGR la responsabilidad de esclarecer los hechos, “a través de una Fiscalía especial que no garantiza condiciones de objetividad e imparcialidad que aseguren el acceso efectivo a la justicia”.
Dicha fiscalía estará integrada por Antonio Pérez Bravo, ex subprocurador Jurídico de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) en el sexenio de Felipe Calderón y por Juan Pablo Piña Kurczyn, jefe de la Oficina del Ejecutivo.
En este sentido, las organizaciones que integran el Frente hicieron un llamado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que ejerza su facultad de atracción, y sea responsabilidad de la Federación la procuración de justicia en el caso de Chalchihuapan.
Asimismo, advirtieron que “la CNDH parte de una visión que esencializa las manifestaciones como violentas. Al hacer llamado a no llevar menores a éstas, no sólo demerita el valor democrático que tiene la protesta, sino responsabiliza a los manifestantes exculpando a la autoridad, cuando se suscitan acontecimientos de represión”, puntualizó el comunicado.
Por ello, para el Frente resulta preocupante que la CNDH esté guiada por una agenda política, más que por apego a su mandato constitucional, y por ello concluya, de una investigación sesgada, que las violaciones a derechos humanos “fueron producidas por omisiones y falta de apego al marco normativo, cuando hay elementos claros que demuestran la responsabilidad por acción deliberada del gobierno de Rafael Moreno Valle y de la Comisión presidida por Raúl Plascencia por el aval explícito a legislaciones que violan derechos humanos”.
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