*Opinión
Por Denise González Núñez|Centro Prodh |@den_gn
México, DF, 18 de agosto. Imagine que usted es padre de dos hijos en Honduras y está desesperado por encontrar un trabajo que le permita pagar el tratamiento médico de uno de ellos, de 7 años de edad, quien ha sido diagnosticado de cáncer. En su país de origen usted es incapaz de encontrar oportunidades significativas de empleo, de manera que la única esperanza de salvar la vida su hijo yace en arriesgar su propia vida para cruzar Guatemala y México como migrante indocumentado con el anhelo de llegar a Estados Unidos de América. Pero, en lugar de cruzar la frontera con Estados Unidos, usted es engañado por un traficante de personas y luego detenido arbitrariamente por la policía a pesar de que no haber cometido ningún delito. Luego, usted es trasladado a una cárcel de alta seguridad y falsamente acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud, delitos por los que podría recibir una pena de hasta 60 años en prisión.
Mientras tanto, ya en la cárcel, el hijo cuya vida tenía la esperanza de salvar, muere. Esa es la historia de Ángel Amílcar, un migrante afro hondureño y reconocido defensor de derechos humanos que, tras un trayecto de 2 meses por Guatemala y México, fue detenido arbitrariamente en el año 2009 en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, México, y quien todavía está a la espera de ser sentenciado.
México es un país de tránsito para miles de personas migrantes indocumentadas que viajan hacia Estados Unidos para buscar oportunidades de empleo y, en última instancia, oportunidades de supervivencia para sus familias. Sin embargo, la posibilidad de llegar a la frontera norte de México es sombría debido a que México constituye un virtual cementerio para migrantes y sus sueños de una mejor vida. En diciembre de 2010 la ONG con sede en México “Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) publicaron un informe titulado “Un trayecto peligroso por México: Violaciones a derechos humanos en contra de los migrantes en tránsito”, que analiza cómo decenas de miles de migrantes son sistemáticamente extorsionados, abusados sexualmente y/o secuestrados mientras cruzan el territorio mexicano. En el año 2010 Amnistía Internacional también documentó esta tragedia humanitaria en el informe“Víctimas invisibles: Migrantes en movimiento en México”. Además, el capítulo sobre México en los informes anuales de Human Rights Watch ha consistentemente incluido una sección denunciando los graves abusos cometidos contra migrantes.
El caso de Ángel muestra cómo en México las y los migrantes son víctimas potenciales de toda clase de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la falsa incriminación y el encarcelamiento injusto. De acuerdo con un informe que será publicado por el Centro Prodh en las próximas semanas, entre mayo y octubre de 2013 hubo un total de 1,219 personas centroamericanas encarceladas en México -quienes muy probablemente permanecen en prisión hasta la fecha- acusados de supuestos delitos incluyendo homicidio, robo, delincuencia organizada, posesión ilegal de armas y delitos contra la salud. Estos casos plantean serias preocupaciones a la luz del caso de Ángel y de los abusos sistemáticos cometidos contra migrantes en México, en combinación con las conocidas deficiencias estructurales del sistema de justicia mexicano que históricamente se ha caracterizado por imponer una “presunción de culpabilidad”, misma que ha llevado al encarcelamiento de innumerables personas inocentes.
Ángel fue detenido durante un operativo policíaco que se llevó a cabo en una casa a la que fue trasladado bajo amenazas del traficante que le prometió falsamente ayudarlo a cruzar la frontera norte de México. En lugar de ser tratado como víctima durante el operativo, Ángel fue detenido; insultado y seriamente discriminado por su color de piel; torturado por personal policíaco y militar; forzado a firmar una declaración fabricada; exhibido frente a los medios de comunicación como un delincuente y procesado por delitos que no cometió. Tras documentar su caso y concluir que Ángel fue acusado y encarcelado como producto de discriminación racial, Amnistía Internacional lo nombró Preso de Conciencia el 22 de julio de 2014.
En las próximas semanas un juzgado federal dictará sentencia en el caso de Ángel. Sin embargo, antes de que eso suceda, el ministerio público tendrá una última oportunidad para desistir de la acusación. Ahora, más que nunca, Ángel requiere de todo el apoyo posible para recuperar su libertad.
Aquellas personas que deseen apoyar a Ángel pueden firmar dos peticiones: la primera, lanzada por Amnistía Internacional, es una carta dirigida a la Procuraduría General de la República instándola a desistir de la acusación contra Ángel; la segunda, lanzada por el Centro Prodh, es una carta dirigida al juzgado federal instándolo a confirmar la inocencia de Ángel mediante una sentencia absolutoria. Sus firmas serán profundamente agradecidas por Ángel y su familia.
*Este texto fue publicado inicialmente en blog de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford