*Advierten que las leyes no incluyeron a la ciudadanía y autoridades presionan a opositores de megaproyectos
México, DF, 20 de julio. Comunidades y organizaciones civiles oaxaqueñas pertenecientes a los pueblos mixteco, chatino, zapoteco y mixe —junto con otras de Chiapas y DF— denunciaron que las reformas estructurales impulsadas por Enrique Peña Nieto, carecen de una perspectiva de respeto a los derechos humanos y representan “un despojo territorial legalizado”, ya que fueron aprobadas para favorecer a empresas nacionales e internacionales.
Las leyes de Hidrocarburos, de Aguas Nacionales, Minera, de Servicio Público de Energía Eléctrica, de Energía Geotérmica, Hacendaria, de Inversión Extranjera, de Amparo, de Expropiación, de Bienes Nacionales, Laboral, de Órganos Reguladores en Materia Energética, de Asociaciones Público y Privadas, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, de Educación y de Telecomunicaciones, “han sido presentadas y aprobadas sin la participación de las comunidades y la ciudadanía en general que habitan en nuestro país”, advirtieron.
“Con todas estas nuevas leyes y estrategias para despojarnos de nuestros bienes naturales, creemos que el debate sobre la distribución y generación de la energía se vuelve fundamental, donde el agua constituye el eje principal de la vida en su conjunto, y el que más se encuentra amenazado”, precisa un comunicado emitido en el contexto del Seminario Agua y Energía, realizado la semana pasada en la ciudad de Oaxaca.
Las y los denunciantes precisaron que sus territorios han sido declarados lugares prohibidos para la imposición de proyectos extractivos “de muerte” (minería, presas, eólicos entre otros). El comunicado añade que continuarán defendiéndolos e instaron a instancias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Comisión Nacional Forestal (Conafor) —encargadas de otorgar permisos— respeten la decisión de las y los habitantes de no permitir el despojo de sus tierras.
De igual forma, señalaron que las autoridades se han mantenido omisas ante las denuncias de las comunidades, quienes siempre han recurrido a la vía legal para defender su territorio. Asimismo, denunciaron que “han encontrado por parte de los tres niveles de gobierno engaños, mentiras, amenazas, represión, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hasta ejecuciones a defensores y defensoras comunitarios”.
Megaproyectos en el estado como el de la Presa Acueducto Bicentenario, que pretende privatizar el abasto del agua a la capital; el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, que ha inundado continuamente a poblaciones afromexicanas y las concesiones mineras otorgadas a las empresas Fortuna Silver Mines, Minera Natividad y Plata Real son ejemplos de despojo y de violaciones a derechos humanos de las comunidades oaxaqueñas.
Firmaron el comunicado: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Tequio Jurídico; Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA AC; Servicios del Pueblo Mixe AC; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto AC; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca SC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde; Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua; Capulálpam de Méndez; Magdalena Teitipac; Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecas de la Sierra Juárez; Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua; Blue Planet Project; Otros Mundos-Chiapas AC e Hij@s de la Tierra.
14/OVH