*OSC llaman al Poder Judicial a emitir una resolución que garantice derechos humanos
México, DF, 3 de julio. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social celebró que cinco juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación admitieran a trámite algunos de los amparos que la ciudadanía poblana interpuso en contra de la “Ley Bala” (Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso de la Fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla).
En lo consiguiente, dicha legislación se encontrará en “suspensión provisional» y no podrá ser utilizada hasta que los juicios sean resueltos, pues de acuerdo con el Frente, la iniciativa impulsada por Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, contiene disposiciones vagas y ambiguas que permitirían el uso desproporcionado de la fuerza y que otorgarían facultades discrecionales y arbitrarias a la policía estatal, lo que afectaría los derechos a la libertad de expresión, protesta social y libre reunión.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones que integran el Frente informaron que el Juzgado Cuarto de Distrito de Puebla indicó que dos de los amparos tienen el efecto de “impedir que de ningún modo se haga uso de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla en caso de que se ejerza el derecho de libertad de expresión, de reunión, de manifestación o protesta”.
Ante la creciente tendencia legislativa a nivel nacional de generar leyes que criminalizan abiertamente la protesta social, las organizaciones civiles consideran que la decisión de las y los jueces protegerá a las y los poblanos, pues dicha medida preventiva “pone en el centro el derecho a la protesta social” y además, garantizaría el cumplimiento de los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana.
Por ello, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social hizo un llamado al Poder Judicial para que garantice los derechos humanos de la ciudadanía “y funcione como un contrapeso efectivo frente a esta legislación, por su contenido contrario a los estándares internacionales en la materia”. El Frente espera que la resolución atienda a los más altos niveles de protección y garantía de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales que México ha firmado y ratificado.
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