*En las cifras de personas desaparecidas, el gobierno no incluye a personas desaparecidas por motivos políticos en el periodo de la Guerra sucia
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 11 de junio. Organizaciones de la sociedad civil que entregaron ocho informes al Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), precisaron que esta práctica tiene motivaciones políticas, y que es por esa razón que el gobierno recurre a ella para atemorizar y reprimir a la población, ya sea por acción directa de agentes del Estado, o bien, en coautoría con miembros del crimen organizado.
En conferencia de prensa, familiares y defensores cuestionaron las cifras que el gobierno mexicano y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han publicado: Raúl Plascencia, titular de la Comisión señaló que existen 24 mil 800 personas sin localizar. Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) precisó en 2013 que existían alrededor de 26 mil personas ausentes, aunque hace aproximadamente un mes declaró que la lista fue depurada a 8 mil.
Organizaciones como HIJOS México, el Centro Prodh, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), entre otras, alertaron sobre el hecho de que el Estado reconozca que —de 2006 a la fecha— en nuestro país han desaparecido 20 mil 810 personas; aunque dichos números no incluyen a las personas migrantes o a las personas desaparecidas por motivos políticos durante el periodo conocido como “Guerra Sucia” (finales de los años 60 hasta inicios de los 80).
En este sentido, Ximena Antillón, colaboradora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, declaró que la depuración que la Segob realizó de la lista de personas desaparecidas, no corresponde a la búsqueda e investigación de las autoridades sino al trabajo que han emprendido familiares, quienes se convierten en defensoras y defensores.
La investigadora señaló además, que las familias no cuentan con participación en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de desapariciones y reparación de daño, y que tampoco existen mecanismos que protejan su labor.
Andrés Díaz Fernández, abogado del Centro Prodh, declaró que la tipificación del delito es otro de los obstáculos dentro de la búsqueda de verdad, justicia y castigo, precisó que la desaparición forzada no es lo mismo que la privación de la libertad, aunque autoridades insistan en lo contrario. Por su parte, Tania Ramírez, integrante de HIJOS México, expresó que en México únicamente 19 entidades federativas han tipificado a la desaparición forzada como delito.
Las organizaciones exigieron al Estado mexicano explicar en qué consiste el Plan Nacional de Búsqueda vigente, la creación de una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la generación de programas para la reparación del daño a víctimas y familiares así como el alto a la “militarización de la policía” y a la “policialización” de los militares, “pues México necesita policía de investigación y no de combate”. Finalmente instaron al Comité de la ONU a cuestionar al Estado sobre el tema de las desapariciones forzadas y a tomar en cuenta los informes de la sociedad civil.
Algunos de los informes suscritos y que fueron entregados al Comité de la ONU:
Fundar, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y Serapaz
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Fuundec (junto con organizaciones defensoras de migrantes).