*Caso Mario González García, detenido el 2 de octubre
México, DF.- El pasado 2 de octubre, Mario González García iba en un autobús que salió del estadio de ciudad universitaria, pasando por el centro de la ciudad de México, cuando en la esquina de 5 de mayo e Isabel la Católica varias patrullas le cerraron el paso al autobús, se subieron aproximadamente cuatro o cinco policías y bajaron a todos los jóvenes que iban a bordo, entre ellos a Mario, ahí los empezaron a revisar; llegaron más de 50 granaderos, entre ocho y 10 de ellos comenzaron a golpearlo.
En el caso de Mario González, se denunció la aplicación de la tortura, llevada a cabo por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de Justicia (PGJ) y Personal del Sistema Penitenciario del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. La tortura padecida por Mario está directamente relacionada con su participación política y agravada por su aspecto físico. Estos hechos de tortura ocurren además, en un contexto de criminalización de la protesta social, extendida desde las reformas al Código Penal para el Distrito Federal donde se sancionan en una mitad más los delitos de robo, lesiones y homicidio cometidos en una concentración política, hasta los operativos planeados y ejecutados en las manifestaciones sociales basados en la práctica de “encapsulamiento”.
A Mario le dieron descargas eléctricas en costillas y en la parte baja de la espalda del lado izquierdo, mientras pasaba eso le decían insultos y amenazas, lo golpearon en el rostro con la mano abierta, lo golpearon en las piernas y le pegaron en el estómago, después lo subieron a una patrulla con otras tres personas y ahí los policías le quitaron el teléfono. Luego les dieron vueltas hasta que los bajaron, no recuerda donde, para volverlos a esculcar, ahí les empezaron a tomar fotos, le volvieron a golpear en el estómago y a dar más toques eléctricos en costillas y espalda; los esposaron mientras los amenazaban diciéndoles que los iban a mandar a la cárcel y que ya habían “valido madre por pinches anarquistas revoltosos”.
Al llegar al Ministerio Público, los agentes en todo momento los estuvieron intimidando. También los hostigaban tomándoles fotos muchas veces con sus teléfonos, los patearon, los amenazaron, después los llevaron al médico legista. No obstante, estas lesiones no fueron certificadas por la autoridad ministerial, ni por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) quien, en contubernio con el GDF, determinó que no existieron violaciones graves a los derechos en los acontecimientos derivados de la marcha del 2 de octubre.
Actualmente Mario González se encuentra en la etapa de apelación de sentencia dictada en su contra por su presunta participación en la comisión del delito de Ataques a la paz pública. Ello, sin haberse realizado el proceso judicial con las debidas garantías que establece el artículo 20 de la Constitución.
Resulta entonces que el fraude judicial, con la utilización de la tortura, se va conformando día a día en ese esquema sistemático, que desarrollado desde el estado como política pública, da la posibilidad a los legítimos reclamos sociales, por lo que se exige una investigación profesional e imparcial de los hechos por parte de la PGJ del Distrito Federal, sobre las violaciones a derechos humanos planeadas y ejecutadas en contra de las y los manifestantes.