* Se pretende la asociación con empresas y pasar de “una propiedad social a una propiedad privada
México, DF.- Ante el anuncio del Gobierno Federal para realizar una “profunda reforma del campo”, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), se pronunció en contra, pues consideran que la propuesta trae consigo “la profundización del despojo” a los territorios y recursos naturales de las comunidades, ya que se pretende asociar con empresas privadas y pasar de “una propiedad social a una propiedad privada”.
Para el Estado “’el problema principal del campo son sus productores de menos de 5 hectáreas’ (…) el problema somos la mayoría de campesinos del país, pues 77 por ciento de tierra cultivable lo hacemos campesinos de menos de 5 hectáreas”, señalaron ayer en conferencia realizada en el DF.
Asimismo, denunciaron que casi la mitad del territorio mexicano está concesionado y que las empresas sólo pagan en promedio 1.5 por ciento de impuesto federal, y no pagan ningún impuesto estatal o municipal, pese a que se encuentran establecidas en ejidos y comunidades que sirven como medio de subsistencia para muchas familias mexicanas.
“Hasta 2012, 56 millones de hectáreas, de un total de 200 millones se había concesionado, aunque a principios de 2014 se habla que la cifra puede alcanzar hasta 96 millones (…) concesiones a empresas y consorcios mineros, principalmente de Canadá…”, puntualizaron.
Ante la amenaza que representa para las comunidades la desmedida cantidad de concesiones a empresas extranjeras (aunque también hay nacionales), éstas se han agrupado, junto con organizaciones e incluso autoridades locales y tradicionales para realizar asambleas comunitarias. “El resultado ha sido el rechazo total de todas estas concesiones y se exige al gobierno federal su cancelación, pues lo que se prevé es que haya desalojos de comunidades y la afectación profunda a la tierra y los mantos acuíferos”, acotaron.
Las organizaciones mencionaron también que Puebla es uno de los estados que más concesiones ha otorgado: en total son 375 permisos—que equivalen aproximadamente a 143 mil hectáreas—para la exploración y extracción de oro, plata, cobre y manganeso.
“Además, se han autorizado ocho proyectos hidroeléctricos en la región, los cuales una parte importante es para dotar de agua y electricidad a estos proyectos de muerte, en una zona rica en recursos hídricos y biológicos prácticamente virgen”, puntualizaron.
Otros estados que tienen afectaciones similares a causa de las concesiones a empresas mineras son Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, en cuyos casos ya han asesinado a defensores.
Finalmente, las organizaciones —en pleno ejercicio de su derecho a ser consultados— agregaron que han realizado una serie de movilizaciones y manifestaciones en distintas ciudades para expresar su descontento por las concesiones a empresas transnacionales así como por las reformas estructurales propuestas por el gobierno federal.
14/OVH