La Fundación Diego Lucero conmemora hoy 15 de enero el 42 aniversario de la ejecución extrajudicial de Diego Lucero Martínez, reivindicando su memoria como luchador social y revolucionario, así como la de sus compañeros caídos en Chihuahua ese primer mes de 1972 y la de todos aquellos que ofrendaron su vida por un México realmente democrático.
El 16 de enero de 1972, en la ciudad de Chihuahua, fue ejecutado extrajudicialmente Diego Lucero Martínez, quien había sido detenido un día antes por integrantes de la policía judicial estatal y luego interrogado por agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad, que encabezaban el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, ambos ya fallecidos sin recibir el castigo.
Las ejecuciones extrajudiciales de Diego Lucero Martínez y sus compañeros (Avelina Gallegos, Oscar Montes, Ramiro Díaz y Gaspar Trujillo), como las de decenas de hombres y mujeres que se comprometieron a transformar la sociedad y enfrentar un sistema anti democrático y autoritario que controlaba y oprimía las luchas populares, son algunos de los delitos de lesa humanidad que permanecen impunes.
Mediante un comunicado, la Fundación Diego Lucero señaló que recuperar, preservar, reivindicar y transmitir la memoria histórica de la lucha de los caídos en Chihuahua hace 42 años; analizar y reflexionar sobre el contenido de su compromiso social; exigir justicia y poner fin a la impunidad estableciendo la responsabilidad histórica y jurídica de quienes cometieron delitos de lesa humanidad, forman parte intrínseca de esta conmemoración.
Cabe destacar que ante la negación de justicia en México, familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos que los acompañan en este largo camino de lucha contra el olvido, acuden ante organismos internacionales como una manera de presionar al Estado mexicano para que cumpla con sus obligaciones legales y constitucionales.
Asimismo, la fundación destacó, que la impunidad en que permanecen las masacres del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y la del 10 de junio de 1971 en San Cosme; la desaparición forzada de más mil 200 detenidos desaparecidos, las decenas de ejecuciones extrajudiciales, las torturas a innumerable número de personas durante la mal llamada “guerra sucia” del pasado —en realidad se instrumentó una estrategia de terrorismo de Estado para reprimir a los movimientos sociales y organizaciones políticas de oposición, particularmente a las que ante el autoritarismo imperante optaron por la vía armada—, entre otros delitos de lesa humanidad, explica en gran medida que en la actualidad persistan prácticas represivas que violan los preceptos constitucionales y los derechos humanos.
“En estos tiempos aciagos en que soplan vientos de traición a la Patria por parte del grupo dominante, encabezado por el PRI en alianza con el PAN, nuestra organización, que tomó su nombre de un compañero revolucionario que es patrimonio del pueblo trabajador en su conjunto, lucha por la Verdad, la Justicia y contra la Impunidad como una forma de contribuir a que el movimiento social enfrente en mejores condiciones la represión que el Estado sigue aplicando en su contra”, puntualizó el comunicado.