Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF.- Organizaciones de la sociedad civil realizaron un llamado a los gobiernos estatales de Tlaxcala y Puebla para que generen políticas y programas públicos que velen por los derechos de los más de 16 mil migrantes que anualmente cruzan por el territorio de ambas entidades en busca de nuevas rutas para llegar a Estados Unidos.
A través de la campaña “Sin pasaporte ni fronteras” —impulsada por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J.(IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla— en conjunto con otras organizaciones, exigieron a la empresa FERROSUR así como al gobierno de Tlaxcala “el retiro de los postes colocados a lo largo de las vías y frente al Albergue’La Sagrada Familia’, por ser un atentado contra la vida de las personas migrantes que transitan por la región”, de acuerdo a un comunicado.
Asimismo, pidieron al gobierno de Puebla que genere un ambiente de respeto a los derechos de las y los migrantes. Además, instaron a las autoridades para que presten especial atención a las “nuevas rutas migratorias” en Puebla y Tlaxcala por las que pasan las personas, ya que exponen su integridad física y económica, y son susceptibles de caer en manos de la delincuencia.
La campaña “Sin Pasaporte ni Fronteras” tiene tres objetivos primordiales: el primero consiste fomentar la no discriminación para cambiar la visión que se tiene de las y los migrantes. El segundo, es la defensa y promoción de sus derechos. Un tercer objetivo, incluye la recaudación de fondos a través de donaciones de víveres.
De acuerdo con Óscar Castro Soto, director del IDHIE, la campaña pretende que las autoridades otorguen “visas humanitarias” a las personas que crucen territorio nacional y que sean víctimas de la delincuencia. Además,“Sin Pasaporte ni Fronteras” busca animar a las y los migrantes que han sido víctimas del crimen organizado para que denuncien sin miedo a ser deportados.
Finalmente, es preciso mencionar que, en su paso por nuestro país para llegar a Estados Unidos, las y los migrantes atraviesan el territorio mexicano en condiciones de vulnerabilidad, marginación y rechazo. Es por ello quelas organizaciones defensoras exigieron la revisión de la ley de Migración de Tlaxcala, así como la creación urgente de su reglamento, para garantizar la protección de los derechos de las y los migrantes.