Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF.- “Actualmente nos encontramos ante una nueva invasión, un nuevo despojo transnacional ahora ya no vienen en carabelas, ya no vienen con la cruz y la espada, sino que ahora vienen con el discurso del falso desarrollo”, señaló Francisco Mateo Morales, integrante de la Asamblea de los pueblos de Huehuetenango, en Guatemala y del Consejo de Pueblos del Occidente, durante el foro Como pueblos participamos, como pueblos decidimos, realizado la semana pasada en el Centro Prodh.
El defensor guatemalteco mencionó que los pueblos indígenas han sido excluidos históricamente de las políticas del Estado y que la legislación actual, no los incluye, no participan, por lo que no hay consenso respecto a la toma de sus territorios.
Francisco Mateo narró que a partir de 1996 inició un nuevo despojo a través de concesiones a empresas transnacionales, y que fue entonces cuando se tomó la autodeterminación de hacer “Autoconsulta”, sin esperar ya a que el gobierno los convocara –ya que nunca lo ha hecho-. Para los pueblos mayas de Guatemala, la consulta indígena es una práctica cotidiana, que es “resultado de un proceso de construcción democrático de consenso”, la cual debe llevarse a cabo porque es un derecho político, sobre todo cuando se trata de los “megaproyectos”, que representan agresión y amenaza al territorio.
En su país, no hay ningún tipo de exclusión por edad o cualquier otro factor, sin embargo, se han creado ciertos mecanismos para el registro de las personas que participarán en la consulta, pues tienen un sistema de clasificación entre quienes cuentan con documentos que los acrediten como habitantes de la zona en cuestión y quienes no los tienen, aunque –como mencionó el defensor- “todos tienen derecho a decidir porque viven en ese lugar: niños ancianos,…”.
Además agregó que, la consulta previa e informada no se agota cuando se le proporciona la información a la comunidad, ésta “debe ser de buena fe, no de mala fe como el gobierno o los empresarios”. Es un proceso en el que intervienen distintos miembros del pueblo: primero las autoridades comunitarias, integradas por consejos comunitarios, autoridades indígenas, y personas que son autoridad, aunque no tengan poder político público –pero que cuentan con el respeto y respaldo de la comunidad-. Es importante mencionar que no hay negociaciones con sindicatos.
Durante el foro se mencionó la importancia de reglamentar el proceso de consulta, así como de definir metodologías y procedimientos, se ha utilizado la “consulta a mano alzada” pero también han recurrido a la que se realiza con boletas. La de mano es la más tradicional y da emoción a los pueblos.
“Nosotros vemos el derecho a la consulta más político que legal, lo que podamos avanzar en cuestiones legales, es mucho mejor, pero lo legal no es lo político, las dos cosas son fundamentales (…) la consulta es un derecho humano”, puntualizó Francisco.
El evento fue convocado por Amnistía Internacional Sección Mexicana, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, la Comisión de Pastoral Indígena de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Comisión de Pastoral Indígena del Distrito Federal e Indignación, promoción y defensa de los Derechos Humanos.