México DF.- “Nos encontramos en una guerra contra los pueblos indígenas, contra su territorio, contra sus entornos y recursos naturales así como a sus formas mismas de reproducción como pueblos o entidades distintas, tanto cultural como lingüísticamente”, señaló ayer, Gilberto López y Rivas, investigador y profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, durante el foro Como pueblos participamos, como pueblos decidimos.
López y Rivas comentó que hay dos principales amenazas a los pueblos indígenas, los megaproyectos mineros y el crimen organizado; pues ambos ocupan el territorio, desplazan a sus habitantes y toman las propiedades de éstos a través de la violencia y en complicidad con las autoridades.
El también articulista del periódico La Jornada, puntualizó que si el gobierno mexicano no responde al interés de los pueblos, mucho menos lo hará con los indígenas, encajando así en el concepto de los llamados “gobiernos de traición nacional”, lo cual es considerado un delito grave, el cual debería ser denunciado y seguido por los Ministerios Públicos debido a su gravedad.
“México es el gran paraíso de las mineras, principalmente de las canadienses” y éstas empresas, se ven beneficiadas por el gobierno a través de leyes secundarias, por ejemplo la Ley minera, cuyo artículo sexto enuncia que “la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias (…) son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”; el cual se contrapone con el artículo 27 constitucional, que se refiere a la protección de las tierras, ejidos e incluso territorios privados, generando así una “ruptura del pacto social de la Revolución Mexicana”, enfatizó López y Rivas.
Actualmente hay alrededor de 100 denuncias al Congreso de la Unión provenientes de más de 30 pueblos y organizaciones defensoras, en donde exponen la magnitud de la desterritorialización, la desposesión de los propietarios originales, el desplazamiento de la población así como del surgimiento de figuras jurídicas como los llamados “superficiarios”, que no son más que personas desposeídas a causa de la ley minera, que otorgaron concesiones hace 50 años y que ahora reciben “migajas” por la ocupación de sus tierras.
Durante el foro las y los especialistas comentaron que aunque el derecho a la consulta existe dentro de la legislación, la consulta previa, libre e informada, no se aplica en México. Destacaron que el Estado no ha hecho caso a las recomendaciones de cortes internacionales en materia de territorio.
“Los pueblos se organizan a través de procesos de autonomía y para ellos la consulta cotidiana es el único instrumento eficaz para luchar y resistir contra la invasión de territorio”, concluyeron las y los panelistas.
En el panel también participaron Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Claudia Gómez, del Colectivo de Abogados Jalisco.
Con información de Clara Olivia Vázquez Herrera