*Opinión
Por Ana Luisa Nerio Monroy
México DF.- El pasado 17 de septiembre se cumplieron 13 años del incidente por el cual Ángel Díaz Cruz, un niño de nueve años perdió la vida a causa de la explosión de un artefacto que confundió con un juguete.
Ángel salió aquel día a recolectar hongos comestibles junto a su amigo Ricardo López Hernández de 11 años. Con el supuesto “juguete” en las manos, los niños regresaban a su casa y en el camino se encontraron con otro joven, José Leonardo López Hernández de 18 años. Sin saber que se trataba de un proyectil de mortero, los jóvenes iban jugando con éste y al caerse explotó, ocasionando la muerte de Ángel y heridas graves a Ricardo y José.
Todo esto ocurrió en el municipio del “El Aguaje” ubicado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El municipio colinda con un campo de tiro del Ejército mexicano, para precisar, con la 31 Zona Militar.
El hecho de que militares mexicanos dejen un artefacto de este tipo al alcance de población civil, es una violación grave de los derechos humanos. Este tipo de artefacto es además muy atractivo para niñas y niños, colocándolos como principales víctimas. Por ello, el Estado mexicano violentó entre otros instrumentos internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. El Estado mexicano incumple con su obligación de salvaguradar la vida, seguridad e integridad física de todas las niñas, niños y adolescentes.
Esta tragedia se dio en medio del contexto de militarización de la entidad y de la presencia de bases del Ejército en zonas habitadas por pueblos y comunidades indígenas. En el momento de la investigación, el caso fue trasladado de la Procuraduría de Justicia Estatal a la Procuraduría General de la República por tratarse de armas de uso exclusivo del Ejército. Posteriormente el caso fue trasladado a la justicia militar donde ha quedado impune.
El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba) ha documentado durante estos años el caso y al no encontrar vías jurídicas en el ámbito nacional para obtener justicia para las víctimas y sus familias, recurrieron a instancias internacionales. El pasado 16 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), notificó al Frayba la admisibilidad de la petición conocida como “El Aguaje” Caso 12.915.
Será importante mantenernos al tanto de lo que resuelva la CIDH y seguir exigiendo: que los casos vinculados con violaciones a los derechos de población civil no sean resueltos dentro de la justicia militar; el cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado mexicano por diversos mecanismos internacionales en materia de desmilitarización de zonas habitadas por pueblos y comunidades indígenas; así como insistir en obtener ¡Justicia para Ángel!
@aluisanerio