El experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para monitorear sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, urgió ayer al Gobierno mexicano fortalecer la estructura del país en términos de protección de los derechos humanos en general y del derecho a la vida en particular para reducir la necesidad del uso de la fuerza.
Asimismo, recomendó reducir el involucramiento de las fuerzas militares en labores policíacas, “desde mi punto de vista, será importante disminuir la participación de los militares en labores policíacas; asegurar que cortes civiles juzguen a miembros de las fuerzas militares acusados de haber cometido violaciones de derechos humanos, incluyendo homicidios contra civiles; y establecer estándares claros y ampliamente conocidos sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden público”.
En las observaciones preliminares, apartado “legado de la guerra sucia”, se menciona la ejecución de un número elevado pero desconocido de personas, lo cual contribuye problema de la impunidad.
El Relator Especial se reunió con sobrevivientes de la masacre de Tlatelolco de 1968 y amistades de personas ejecutadas, y se le informó sobre el abandono para hacer justicia, revelar la verdad y reparar a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
En este y otros temas, al experto le llamó la atención al problema de la impunidad. “Todas y cada una de las vidas perdidas deben ser investigadas con el mismo rigor y cada perpetrador debe ser aprehendido y juzgado. Perseguir este objetivo servirá no solamente para disminuir la impunidad, sino también para restablecer el valor que la sociedad otorga a la vida,” enfatizó.
Además, Heyns subrayó áreas de potencial colaboración con los países Centroamericanos. Poniendo a disposición bases de datos genéticas y de huellas digitales, utilizando la tecnología y la pericia forense independiente, estos Estados reducirán la necesidad de depender sólo de la fuerza pública para frenar el crimen.
Durante su visita a México, el experto en derechos humanos se reunió con funcionarios del Gobierno, jueces, miembros de la sociedad civil y víctimas, en la Ciudad de México y los estados de Chihuahua, Guerrero y Nuevo León.
“No hay una solución fácil, pero un compromiso lento y firme para fortalecer el papel del marco de derechos humanos en México es la única solución a largo plazo,” subrayó el experto independiente. Las políticas que han sido anunciadas deben ser completamente implementadas. La participación de miembros de la sociedad civil en este proceso es crucial.”
“La comunidad internacional está lista para trabajar en colaboración con el Estado mexicano para asegurar una mayor protección del derecho a la vida – condición previa para el ejercicio de todos los derechos humanos,” dijo el Relator Especial.