La Policía Comunitaria de Guerrero es una Institución de los Pueblos que ha realizado labores de seguridad y justicia durante más de 17 años, y han logrado disminuir los índices de violencia en más de 90 por ciento, bajo el principio de que «sólo el pueblo apoya y defiende al pueblo», señalaron mediante un comunicado.
La organización nace en 1995 con el objetivo de acabar con la inseguridad, sin necesidad de producir más violencia. Esto se ha traducido en un reordenamiénto de las comunidades que integran la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que abarcaba, hasta 2012, 73 comunidades de los pueblos Mixteco y Tlapaneco, de las regiones Costa Chica, Costa Montaña y Montaña de Guerrero, contando con 3 sedes de impartición de justicia regional: San Luis Acatlán, Espino Blanco y Zitlaltepec.
En 2012, a petición de algunas comunidades del municipio de Ayutla de los Libres y bajo los lineamientos de sur reglamento interno, se incorporó a su sistema, un total 35 pueblos de origen mixteco de la zona de Ayutla. Dichos lineamientos consisten en presentarse ante la Asamblea Regional con un acta de consenso de la población que decide participar en la CRAC y con el nombramiento de 8 ó 12 policías comunitarios, dependiendo la cantidad de población que integre la comunidad.
Otro proceso que surge en la región Costa Chica y Costa Montaña, es la Unión de Pueblos Originarios de Guerrero (UPOEG), que nace en 2010 con el objetivo de gestionar los ejes carreteros que comunicarían estas regiones con otras del estado de Guerrero, Puebla y Oaxaca; además de resolver la problemática de las altas tarifas de luz que cobra la CFE a las comunidades más pobres del país, siendo ambos problemas de gran envergadura en la región.
Sin embargo, a finales de 2012, esta organización inició labores de seguridad, sobre todo en la región de la Costa Chica, con el discurso de acabar con el narcotráfico en la región, ya que ubican esta problemática como la principal amenaza la seguridad. Hasta este momento ellos no tenían conocimiento de este proceso, sino por las noticias de medios oficiales.
Este hecho les sorprendió, ya que utilizaban uniformes de la CRAC, haciendo uso de un discurso que nos es completamente ajeno. Asimismo, el 9 de febrero, dirigentes de la UPOEG, tomaron la casa de justicia de la CRAC en San Luis Acatlán. Ante estos hechos la CRAC se deslindó.
El 12 de febrero se concretó, que la CRAC recupera la Casa de Justicia y las representaciones de ambas partes acurdaron no ofenderse, no agredirse ni tomar represalias en contra de los coordinadores y comandantes regionales, así como de la comisión de inconformes que estará en la Casa de Justicia.
Entre otros puntos, rechazaron el decreto del Gobierno del Estado de Guerrero, con el que se pretende regular la Policía Comunitaria, lo cual viola los artículos 2 y 39 constitucionales que han dado sustento a nuestro sistema comunitario, así como del convenio 169 de la OIT.