En medio de la polémica por la iniciativa de contrarreforma priísta que pretende relegar los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos (DH), un grupo de organizaciones civiles hizo un llamado a Enrique Peña Nieto para que cumpla las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Mientras la bancada priísta en el Congreso trata de reducir la importancia de los preceptos internacionales, las agrupaciones ciudadanas piden que se sancionen los abusos castrenses y se restrinja el fuero militar, tal y como lo ordenan las sentencias de la CoIDH, la cual condenó al Estado mexicano por violar las garantías individuales, publicó Cimacnoticias.
Organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos se dirigieron a Peña Nieto para llamar su atención sobre la obligación del Estado mexicano de dar cumplimiento íntegro a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas por militares en 2002.
La denuncia de Inés Fernández y Valentina Rosendo puso en evidencia que en nuestro país existen graves rezagos para las mujeres víctimas de violencia sexual accedan a la justicia; así como la persistencia de la discriminación en contra de los pueblos y comunidades indígenas y de los abusos ocasionados por la ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.
Tras la emisión de las sentencias en la máxima instancia regional, Inés Fernández y Valentina Rosendo emprendieron una nueva etapa para demandar el cumplimiento pleno de las medidas de reparación del daño ordenadas por la Corte Interamericana, que comprenden aspectos de carácter individual, familiar, comunitario y de no repetición. Entre éstas destaca, desde luego, el acceso a la justicia. No obstante, la administración federal anterior culminó sin que la totalidad de estas medidas hayan sido cumplidas y sin que se haya sancionado a los perpetradores.
Las organizaciones que hicieron el llamado, han acompañado desde hace 11 años la búsqueda de justicia de Inés Fernández y Valentina Rosendo y desde hace dos años, su lucha por alcanzar el cumplimiento de los resolutivos de las sentencias.
En este sentido, urgen a que la atención de este tema se convierta en un asunto prioritario, a través del cual se complemente la agenda de derechos humanos del Gobierno Federal. Lo mismo debe ocurrir respecto de las otras sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, que hoy permanecen incumplidas; máxime considerando que varias de ellas comparten elementos comunes, como lo es la sanción de los abusos castrenses y la restricción del fuero militar, aspectos que también son señalados en las sentencias de los casos Rosendo Radilla Pacheco y Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (Campesinos Ecologistas).