El Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (CIDES), la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), expresaron su preocupación por las detenciones arbitrarias hacia niños, adolescentes y adultos que pertenecen a las poblaciones callejeras que viven y /o trabajaban en la vía pública.
Dichas agresiones se han convertido en una práctica sistemática por parte de las autoridades través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en donde se priva de la libertad a adolescentes y adultos por el simple hecho de trabajar como limpiaparabrisas, aseguraron mediante un pronunciamiento.
Como ejemplo de las agresiones, señalaron el caso un niño indígena de 12 años de edad, que recibió toques eléctricos en los genitales por parte de un policía, los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre. Asimismo, evidenciaron que el 16 de enero varios policías arremetieron a golpes en contra de ocho personas integrantes de una comunidad indígena, lesionando a una mujer adulta, lastimando a un joven en un brazo y agrediendo a una mujer cuando un policía la sujetó del cuello, mientras que otro empujó al suelo a una niña de seis años. Los hechos ocurridos el día 16, quedaron asentados en la averiguación previa FCH/CUH7/73/146/13-1.
Ante los hechos ocurridos, el CIDES y las organizaciones mencionadas, enfatizaron sobre la importancia de detener la limpieza social en contra personas menores de edad y adultos que viven y trabajan en la vía pública, y que dan motivo a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la que se busca visibilizar la violación de derechos por la “criminalización de la pobreza”; misma que ha dado como resultado actos de violencia y discriminación por parte de autoridades.
El CIDES, la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras y REDIM demandaron, brindar seguridad a la niñez y adolescencia, así como a sus familias pertenecientes a las comunidades indígenas que habitan en el Distrito Federal.
Exigen que el Gobierno del DF investigue los hechos antes descritos y se sancione a los responsables, también se pide desarrollar estrategias, sustentadas en el principio rector de la No Discriminación, para sensibilizar a funcionarios públicos y autoridades de todo nivel.
Por último, solicitaron definir acciones de vinculación con las organizaciones sociales y la propia comunidad indígena para desarrollar alternativas diferenciadas por núcleos de población, con especial énfasis en las problemáticas de la infancia indígena y migrantes a las áreas urbanas.