La Procuraduría General de la República atrajo el caso del doble asesinato de los integrantes del Barzón, sucedido en Chihuahua el lunes pasado. Ismael Solorio y su esposa, Manuela Solís transitaban por una carretera del estado cuando fueron ultimados.
Cabe señalar que el matrimonio se opuso activamente a los trabajos de la minera Magsilver así como a los pozos ilegales construidos por la comunidad menonita en los ríos de la región; antes del evento en el que fueron privados de la vida, Ismael había sido víctima de una golpiza por parte de empleados de la minera , por lo cual diversas organizaciones denunciaron los hechos sin que el gobierno del estado tomara cartas en el asunto.
De su lado, diversas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales condenaron el asesinato de los activistas y exigieron a las autoridades locales que este crimen se esclarezca y que, la seguridad de todas la personas que luchan por la conservación de los mantos acuíferos y en contra del extractivismo minero sea garantizada.
Ante esta situación, este domingo se informó que al menos unos 50 mil menonitas de origen canadiense asentados en Chihuahua integraron el Frente de Defensa de las Colonias Menonitas de Chihuahua (FDCMC), organización civil con la cual buscan mantener canales de comunicación con los tres niveles de gobierno y buscar alternativas de solución a los problemas que enfrentan.