Hoy, 13 de septiembre, se cumplen dos años de la presentación del único recurso jurídico disponible en la legislación vigente para solicitar la reparación del daño para Jacinta Francisco Marcial. En un caso similar (con meses de diferencia) se encuentra el recurso presentado por Alberta Alcántara y Teresa González, coacusadas en su momento con Jacinta del delito de secuestro y hasta ahora no hay resultados sobre dicho recurso.
El Centro Prodh considera que esta dilación demuestra que el Estado mexicano no proporciona vías eficaces de respuesta ante la reclamación por responsabilidad patrimonial (reparación de daño moral y económico) en el caso de las tres mujeres indígenas ñhä-ñhü, pues la reclamación fue interpuesta en tiempo y forma ante la PGR y hasta el momento no hay una resolución favorable para ellas.
Casi un año después de la liberación de Jacinta, el 13 de septiembre de 2010, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que acompañó el caso de las tres mujeres, presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. En dicho recurso, se solicitó la reparación del daño moral y económico para Jacinta basándose en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En abril de 2011 se presentó el mismo recurso para Alberta y Teresa. Tras un periodo que consideramos razonable no ha habido respuesta favorable por parte del Estado.
Cabe resaltar que la entidad responsable de dar una respuesta sobre la reclamación no ha ofrecido avances al respecto. el Centro Prodh señalá que dicho proceso está viciado desde la propia ley que lo rige, puesto que es la misma PGR quien cometió la violación a los derechos humanos de Jacinta y al mismo tiempo, es la instancia que debe dar una resolución a los recursos señalados.
Esta situación se da en el contexto del quinto aniversario, este 13 de septiembre, de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la ONU. En Septiembre de 2007 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó esta Declaración con el objetivo de proteger los derechos individuales y colectivos de 370 millones de personas pertenecientes a pueblos originarios.
En ese sentido, la ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, en días recientes se refirió a la obligación del Estado a reparar las violaciones a las garantías individuales conforme lo establece la Constitución, además de aplicar estas reparaciones con perspectiva de género.
Alberta Alcántara, Jacinta Francisco y Teresa González, tres mujeres indígenas ñhä-ñhü originarias de Santiago Mexquititlán en Querétaro, fueron detenidas en 2006 y sentenciadas a 21 años de prisión por el supuesto secuestro de seis agentes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). Jacinta fue liberada el 15 de septiembre de 2009 por falta de pruebas. Alberta y Teresa recuperaron su libertad en abril de 2010 tras ser declaradas inocentes por una resolución de la SCJN.
La aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado en el caso de Jacinta, Alberta y Teresa, pese a sus deficiencias y aunque no es un mecanismo integral de reparación del daño, podría ser una vía para que el Estado inicie el proceso de reconocimiento de violación a los derechos humanos de las tres mujeres indígenas, refirió el Centro Prodh.
Asimismo el Centro Prodh hizo un llamado al Estado a tomar acciones contundentes que muestren su disposición a cumplir y hacer cumplir sus deberes respecto a los pueblos indios, sector central en el México contemporáneo.