Tras un largo proceso de cabildeo e incidencia en ambas Cámaras del Poder Legislativo mexicano, el pasado lunes 30 de abril se aprobó por unanimidad la minuta del Senado que expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Con 344 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, esta Ley crea un mecanismo que busca proteger de manera inmediata a las dos poblaciones objeto de la Ley, es decir, a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por el ejercicio de defender derechos humanos y el periodismo.
Hoy, la pelota está en la cancha del Ejecutivo federal. El Presidente Felipe Calderón cuenta con un plazo de tres meses para dar trámite al proceso de publicidad en el Diario Oficial de la Federación. Es por eso que las organizaciones de la sociedad civil que participamos en el proceso le exhortamos a darle celeridad a este requisito para que la Ley pueda entrar en vigor lo antes posible.
Es cierto que esta Ley no resuelve el problema de la impunidad y la falta de investigación en cuanto a las agresiones, hostigamientos y asesinatos de los que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Lo que se pretende con esta Ley es poner un parche en la sangrante herida que sufre el país ante el clima generalizado de violencia e inseguridad, en particular, contra las dos poblaciones objeto. De ninguna manera la Ley viene a substituir los mecanismos de protección ya existentes (medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales) sino a brindar una protección eficaz y coordinada, dictar medidas de prevención y protección, facilitar políticas públicas que ataquen los problemas estructurales de la violencia y sobre todo, establece sanciones por el no cumplimiento de lo establecido en la Ley. Como toda Ley, sigue siendo perfectible.
Cabe reconocer además que este esfuerzo consensuado entre organizaciones de la sociedad civil y asesores parlamentarios es el primer ordenamiento a nivel mundial con jerarquía de ley que regulará la protección de las dos poblaciones objeto, estableciendo obligaciones y responsabilidades claras para las autoridades mexicanas. Esto permite, además, que su existencia no se vea subordinada a la voluntad política de quien esté en el poder y tiene la virtud de ser transexenal.
Además de contar con fondos presupuestados para este año 2012 que no han sido erogados a la fecha, la Ley es una respuesta a las diversas recomendaciones dirigidas al gobierno mexicano por diversos órganos de protección de derechos humanos internacionales y regionales. La Ley es, aunque tardíamente, un reconocimiento a la importante labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas para consolidar una sociedad más democrática en México.
Por José René Paz
Colaborador del Área Internacional del Centro Prodh