Bettina Cruz Velásquez, co-fundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, de la cual forma parte el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, fue detenida arbitrariamente el miércoles 22 de febrero por personal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Sufrió 33 horas de detención y cuatro horas de incomunicación. A pesar de que la Maestra Bettina Cruz Velázquez se encontraba bien físicamente, denunció intimidación por parte de la Agencia Federal de Investigación y la Procuraduría General de la República durante su traslado al reclusorio. Bettina salió libre bajo fianza del Reclusorio Regional de Tehuantepec la madrugada del 24 de febrero.
Ahora, la defensora de derechos humanos Cruz Velázquez enfrenta dos cargos ante el Juzgado Sexto de Distrito de Oaxaca, a raíz de una denuncia presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Está acusada de privación ilegal de la libertad en agravio de trabajadores de la CFE y de consumo ilegal de la riqueza natural.
Debido a los hechos antes mencionados, el día de ayer lunes 27 de febrero, la defensora de derechos humanos Bettina Cruz, fue recibida en las instalaciones del Centro Prodh, acompañada de diversas organizaciones civiles solidarias a su caso, entre ellas: Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, La Red TDT, PRODESC, el Centro Prodh, el Comité Cerezo y Red de Defensoras de Derechos Humanos. Aquí, Bettina expuso:
“Me queda claro que mi detención fue relacionada con la petición de los pequeños propietarios ante DEMEX a terminar anticipadamente los contratos de arrendamiento”. “El desarrollo eólico en Oaxaca está siendo impulsado por la CFE a una velocidad impresionante y, como consecuencia, nuestras comunidades indígenas son sujetas a intimidación y violaciones constantes sólo por exigir el respeto por nuestro derecho a la tierra y al territorio.”
Entre las demandas que Bettina y las organizaciones solidarias exigieron, se encuentran las siguientes:
Al Gobierno del Estado de Oaxaca
- Que haga cumplir las medidas cautelares para garantizar la seguridad e integridad física tanto de Bettina Cruz Velázquez como de los demás integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo.
- Que cumpla con su palabra de respetar los derechos de los pueblos indígenas y, por consecuencia, la decisión de no entregar las tierras a un proyecto de desarrollo que en principio debería de haber sido consultado con los pueblos que se verían afectados, como es el caso de Unión Hidalgo.
Al Gobierno Federal
- Que la defensora de derechos humanos Bettina Cruz Velázquez tenga un debido proceso, reciba un juicio justo y sea exonerada de todo delito, y su nombre quede libre de toda sospecha, ya que el gobierno federal impuso dichos cargos en represalia por defender las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec;
- Que la Secretaría de Energía intervenga como autoridad competente para revisar las condiciones en las cuales se desarrollan los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec;
- Que la Comisión Federal de Electricidad revise los términos de la licitación pública otorgada a DEMEX, ya que incumple con múltiples condiciones, normas y mejores prácticas;
- Que los bancos estatales prestamistas a Renovalia Energy (Bancomext, Banobras-Fonadin y Nafinsa) exijan cuentas a la empresa española por sus prácticas de derechos humanos y del medioambiente.
A Renovalia Energy / DEMEX
- Que cumplan con el compromiso asumido por DEMEX el 25 de octubre de 2011 de no iniciar obra alguna en las parcelas que aún se encuentran con alguna inconformidad hasta que se resuelva el fondo del conflicto generado por el proyecto eólico Piedra Larga.
- Que suspendan inmediatamente las obras en los predios de los 32 propietarios que solicitaron la terminación anticipada de los contratos de arrendamiento hasta que se resuelva el fondo del conflicto.
- Que reconozcan su incumplimiento con normas de derechos humanos internacionales, como la de ser responsable solidario de violaciones cometidas por sus empleados o subcontratistas, y la de publicar un código de conducta y adherirse a él para asegurar su cumplimiento con la ley mexicana.
- Que los tres bancos privados prestamistas (Banco Espírito Santo de Portugal, y Santander y CaixaBank de España) revisen su cumplimiento con las normas en materia de empresas y derechos humanos de los Principios de Ecuador.
Es importante mencionar que la detención de Bettina Cruz demuestra el clima de criminalización que se está dando a los movimientos sociales y a los y las defensoras de derechos humanos en México. La violación a derechos humanos y la satisfacción de intereses gubernamentales se han vuelto una constante entre las autoridades mexicanas al tratar de imponer mega proyectos de infraestructura en los que se coluden empresas nacionales e internacionales para lograr “a como dé lugar” su objetivos. Por citar algunos ejemplos, están el caso de la Minera San Javier en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, la Minera La Sierrita en San José de Progreso en Oaxaca, la Construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco o el caso de la imposición de la Supervía Poniente en la Ciudad de México, entre otros.
Por: Miguel Maestro