Al parecer, Felipe Calderón no lee los periódicos y tampoco atiende los consejos de sus asesores. La estrategia contra el narcotráfico estuvo condenada al fracaso desde hace tiempo; sin embargo, los costos los ha pagado la sociedad civil. Diversas organizaciones internacionales han hecho eco de un saldo que se resume en cerca de 60 mil muertos y cinco ciudades entre las diez más peligrosas del mundo: Ciudad Juárez, Acapulco, Torreón, Chihuahua y Durango.
El 10 de febrero pasado, el Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, afirmó que algunas zonas del país se encuentran rebasadas por el crimen organizado, que, como rémora, se ha incrustado en las instituciones del Estado y ahora “ya no es posible distinguir diferencia alguna entre ambos cuerpos”. ¿Entonces está diciendo que no había elementos para contar con “algunas” instituciones del Estado para esta guerra contra el narcotráfico?
Las afirmaciones del Secretario de la Defensa Nacional confirman lo errado de la estrategia desde un inicio. No obstante, la presencia del Ejército en tales circunstancias parecen ofrecer tranquilidad a los ciudadanos, o al menos así lo manifiestan quienes han participado en encuestas sobre el tema y que avalan al Ejército para que manifieste que, por su credibilidad, es la institución redentora del pueblo mexicano. El discurso de Galván Galván “En ese entorno asimétrico y frágil, en el que cumplimos nuestras misiones para salvaguardar a nuestros compatriotas, sus hogares, fuentes de trabajo y sitios de sana convivencia, privilegiamos el respeto irrestricto a los derechos humanos”, confirma la tarea redentora.
Sin embargo, la simulación es cotidiana: el mes de enero registramos 83 personas asesinadas por acciones del Ejército en la estrategia del Estado mexicano contra la delincuencia organizada. El «Operativo Noreste» es el que tiene la cifra más alta de personas asesinadas e incluye a los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, con un total de 31 personas muertas (meses anteriores esta misma región es la que tenía los índices más altos con la denominada «Operación Escorpión»). Le sigue la región conformada por los estados de Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco y Colima, donde se dieron 25 asesinatos.
Por su parte, en el estado de Zacatecas se elevó 623% el índice de personas ejecutadas durante el año pasado, así como el registro de personas asesinadas por el Ejército. En este mes se dieron diecinueve decesos y en un sólo día se registraron enfrentamientos que tuvieron como resultado la muerte de quince «presuntos Zetas». Además, cinco personas más fueron asesinadas por la Policía Federal; entre ellas, un adolescente que no se detuvo en un retén. El otro estado que resalta es el de Tampico, donde la violencia es muy alta: sólo en este mes se registraron catorce asesinatos por parte de miembros de la SEDENA.
Un ejemplo que sirve como muestra de la trágica situación es el testimonio de Miriam[1], quien el 10 de enero del 2011 puso una queja dirigida a la SEDENA por amenazas que le hicieron soldados del 67 batallón de infantería cuando cruzaba un puesto de control. La respuesta a su escrito se dio el día 2 de febrero, cuando miembros del Ejército mexicano la detuvieron arbitrariamente, la llevaron a un supuesto centro de arraigo y la torturaron para obligarla a firmar una declaración falsa.
Como dijo Galván Galván, «la delincuencia organizada se apropió de las Instituciones del Estado» y en esas dependencias se encuentran la SEDENA, la Policía Federal y la institución presidencial, aunque Calderón no lo sepa.
