![\"\"](\"https:\/\/centroprodh.org.mx\/sididh4_0\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/WhatsApp-Image-2026-09-24-at-6.51.24-AM-136x300.jpeg\")
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El Estado mexicano<\/b> tiene una respuesta lista cada vez que Naciones Unidas le pregunta por el fuero militar. La utiliz\u00f3 nuevamente frente a los procedimientos especiales de la ONU <\/b>que conocieron el caso de Leidy y Alexa<\/b>, las ni\u00f1as de 11 y siete a\u00f1os asesinadas en Sinaloa<\/b>. El est\u00e1ndar internacional ha sido reiterado durante a\u00f1os: cuando existen posibles violaciones a derechos humanos cometidas por militares contra civiles, la investigaci\u00f3n corresponde a la jurisdicci\u00f3n ordinaria.<\/p>\n
La respuesta oficial mexicana sostiene que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/b> investiga la muerte de Leidy y Alexa y reconoce que la jurisdicci\u00f3n militar abri\u00f3 actuaciones por posibles conductas contrarias a la disciplina castrense. El gobierno argumenta que estas diligencias no investigan las muertes ni las lesiones y, por tanto, no sustituyen la investigaci\u00f3n civil. El problema es que el Centro Prodh<\/b> que acompa\u00f1a a las familias, ha documentado que la intervenci\u00f3n militar no ocurre al margen de los hechos: la Fiscal\u00eda de Justicia Militar <\/b>asegur\u00f3 indicios, recopil\u00f3 documentaci\u00f3n operativa y obtuvo informaci\u00f3n sobre armas y municiones. Para el Prodh, existe en los hechos una investigaci\u00f3n paralela.<\/p>\n
La palabra importa porque describe mucho m\u00e1s que la existencia de dos expedientes. Describe qui\u00e9n entra primero a la escena, qui\u00e9n tiene acceso a las pruebas, qui\u00e9n conoce el armamento utilizado y qui\u00e9n reconstruye inicialmente lo ocurrido. El Centro Prodh ha pedido que el Juzgado Octavo de Distrito en Sinaloa, con sede en Mazatl\u00e1n, establezca hasta d\u00f3nde puede llegar el fuero militar cuando las v\u00edctimas son civiles.<\/p>\n