![\"\"](\"https:\/\/centroprodh.org.mx\/sididh4_0\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/ibero_extractivismo-300x200.jpg\")
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El Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA)<\/strong> de la Universidad Iberoamericana<\/strong> present\u00f3 ayer en Santa Fe su segundo informe sobre conflictividad socioambiental y proyectos extractivos en el pa\u00eds<\/strong>. Titulado Entre el despojo y las apuestas por la vida<\/strong>. La maquinaria del extractivismo en M\u00e9xico, el informe revisa 4,667 notas publicadas entre 2017 y 2024 en La Jornada, Reforma y Proceso. A partir de ese an\u00e1lisis, el OCSA identific\u00f3 1,139 proyectos extractivos asociados a alg\u00fan tipo de conflictividad socioambiental en las 32 entidades del pa\u00eds.<\/p>\n Esta cifra representa un incremento de 47% respecto al corte realizado por el Observatorio en 2021<\/strong>. Entre los impactos m\u00e1s frecuentes de dicho modelo se encuentran el desplazamiento forzado, la fragmentaci\u00f3n del tejido social, la p\u00e9rdida de patrimonio biocultural y las afectaciones a la salud<\/strong> y a los medios de vida de las comunidades.<\/p>\n Dado que el periodo analizado abarca distintas administraciones federales, el informe no atribuye a un gobierno en particular, sino a una estructura institucional que ha operado de manera continua. Desde esta perspectiva, el despojo aparece como parte de una maquinaria sostenida por mecanismos legales, institucionales, socioecon\u00f3micos y coercitivos<\/strong> que han facilitado la implementaci\u00f3n de proyectos extractivos<\/strong>.<\/p>\n