![\"\"](\"https:\/\/centroprodh.org.mx\/sididh4_0\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/imagen_2026-07-13_210333936.png\")
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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom\u00e9 de Las Casas<\/strong> <\/em>denuncia agresiones<\/strong>, amenazas<\/strong> y desplazamientos<\/strong> forzados<\/strong> contra integrantes del Congreso Nacional Ind\u00edgena<\/em><\/strong><\/span> en cuatro comunidades<\/span> de Chiapas<\/strong>, un hostigamiento sistem\u00e1tico<\/strong> a sus procesos de autonom\u00eda y defensa del territorio<\/strong><\/span>. Las personas afectadas incluyen 39 locatarias y locatarios<\/strong> del Mercado Tradicional<\/strong> \u201cDr. Belisario Dom\u00ednguez\u201d<\/strong><\/em> en Ocosingo, la comunidad de San Francisco<\/strong> en Teopisca, cinco familias desplazadas del ejido Jotol\u00e1<\/strong> en Chil\u00f3n y familias de Agua Clara<\/strong> en Salto de Agua.<\/p>\n En el mercado de Ocosingo<\/strong>, integrantes de la Mesa Directiva de la Coalici\u00f3n de Locatarios<\/strong><\/em> han perpetrado despojo de locales<\/strong>, bloqueo de accesos<\/strong>, construcci\u00f3n de bardas para impedir el ingreso y retiro de mercanc\u00edas<\/strong> contra los 39 integrantes del CNI<\/strong><\/span>, con omisi\u00f3n<\/strong> y complicidad<\/strong> de autoridades municipales y estatales<\/strong>. En San Francisco<\/strong>, el gobierno estatal<\/strong> impulsa la construcci\u00f3n de la carretera Teopisca-San Crist\u00f3bal<\/strong> sin consulta libre<\/strong>, previa e informada<\/strong>, proyecto que afectar\u00eda a 14 comunidades<\/strong><\/span> cuyo territorio resguarda sitios sagrados<\/strong>, manantiales<\/strong> y bienes naturales fundamentales para su identidad y econom\u00eda<\/span><\/strong>.<\/p>\n En el ejido Jotol\u00e1<\/strong> se cumplen seis meses del desplazamiento forzado de cinco familias<\/strong><\/span> mediante un operativo en que participaron el Instituto Nacional de los Pueblos Ind\u00edgenas<\/em>, la Procuradur\u00eda Agraria<\/em> y la Polic\u00eda Estatal Preventiva<\/em>, durante el cual fueron destruidas cinco viviendas<\/strong>, dos personas fueron detenidas<\/strong> y una mujer fue v\u00edctima de tortura<\/strong>. Las familias enfrentan adem\u00e1s una causa penal<\/strong><\/span> por presunto despojo agravado<\/strong> mientras permanecen desplazadas<\/strong><\/span>. El Frayba exige al Estado el cese de amenazas<\/strong>, hostigamientos<\/strong> y desalojos<\/strong>, y el pleno respeto a la autonom\u00eda<\/strong><\/span> y libre determinaci\u00f3n de los pueblos<\/strong><\/span>.<\/p>\n