![\"\"](\"https:\/\/centroprodh.org.mx\/sididh4_0\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/OCNF.jpg\")
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El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio<\/strong><\/em> y la Red Nacional de Alertistas<\/strong><\/em> realizaron una conferencia de prensa<\/strong><\/span> en el Centro Prodh para informar<\/strong> sobre las acciones legales emprendidas<\/strong> ante la inacci\u00f3n del Estado<\/strong> frente a las 26 Alertas de Violencia de G\u00e9nero contra las Mujeres<\/span> vigentes en el pa\u00eds<\/strong>.<\/p>\n Se\u00f1alaron la omisi\u00f3n del Ejecutivo Federal<\/strong> de publicar<\/strong> el reglamento<\/span> de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia<\/strong><\/em>, cuya reforma de 2022<\/strong> estableci\u00f3 un plazo de 60 d\u00edas<\/strong> para su publicaci\u00f3n<\/strong>, plazo que lleva cuatro a\u00f1os sin cumplirse<\/strong><\/span>. Sin ese reglamento, las autoridades aplican el reglamento de 2013<\/strong>, que contiene ambig\u00fcedades en procedimientos<\/strong> y tiempos que permiten la discrecionalidad<\/strong> y el incumplimiento sin consecuencias<\/strong>.<\/p>\n Ante esa omisi\u00f3n, el Observatorio promovi\u00f3 el 8 de junio<\/strong> un juicio de amparo<\/strong><\/span> que fue admitido<\/strong> el 23 de junio<\/strong>. Cuando el juez de distrito neg\u00f3 la suspensi\u00f3n provisional<\/strong> que buscaba reactivar las mesas de trabajo del reglamento<\/strong>, las organizaciones interpusieron una queja<\/strong> que el 3 de julio el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa<\/strong><\/em> resolvi\u00f3 a su favor, ordenando reanudar las labores de dictaminaci\u00f3n e integraci\u00f3n<\/strong> del proyecto de reglamento y establecer un calendario vinculante<\/strong> para entregarlo<\/strong> a la Presidencia de la Rep\u00fablica.<\/p>\n Las organizaciones documentaron que en 2025<\/strong> estados como Campeche<\/strong>, Chihuahua<\/strong>, Jalisco<\/strong>, Quintana Roo<\/strong> y Zacatecas<\/strong> no realizaron una sola sesi\u00f3n<\/span> de seguimiento del mecanismo<\/strong>. En Guanajuato<\/strong>, pese a contar con una declaratoria desde 2024<\/strong>, el gobierno estatal<\/strong> utiliza la alerta para anunciar avances sin dict\u00e1menes que los avalen<\/strong>, mientras m\u00e1s de cinco buscadoras han sido asesinadas en el estado<\/strong><\/span>. En Veracruz<\/strong>, la declaratoria por desaparici\u00f3n lleva paralizada desde 2024<\/strong> sin que se haya emitido el informe correspondiente.<\/p>\n