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\u201cHemos insistido en innumerables y reiteradas ocasiones en que uno de los objetivos que nos ha impulsado, y que no ha permitido que el desgaste del tiempo y la impunidad nos rebase, ha sido la idea de que denunciar podr\u00eda ser la forma de detener la pr\u00e1ctica de tortura sexual y que, de alguna forma, nuestra denuncia podr\u00eda traducirse en la garant\u00eda de que ninguna mujer pudiera vivir lo que vivimos y lo que sostenemos hasta hoy\u201d.<\/p>\n
Esas son palabras de Norma Jim\u00e9nez, una de las sobrevivientes de los hechos de represi\u00f3n ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006, que derivaron en detenciones arbitrarias, tortura y\u00a0tortura sexual<\/strong>\u00a0en San Salvador Atenco y Texcoco.<\/p>\n Las expres\u00f3 durante la \u00faltima audiencia de supervisi\u00f3n de cumplimiento de la sentencia de la\u00a0Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)<\/strong>, emitida en noviembre de 2018, despu\u00e9s de que 11 sobrevivientes de tortura sexual, al no encontrar justicia a nivel nacional, acudieran al Sistema Interamericano acompa\u00f1adas por el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).<\/p>\n Desafortunadamente, a 20 a\u00f1os de los terribles acontecimientos y tras casi ocho a\u00f1os del fallo de la Corte IDH, prevalece la impunidad en el caso: no ha habido una sola sentencia contra los perpetradores; contin\u00faa sin investigarse la cadena de mando durante los operativos, en los que participaron m\u00e1s de 2 mil elementos \u2014entre municipales, estatales y federales\u2014; persiste la indolencia y la falta de atenci\u00f3n m\u00e9dica y psicol\u00f3gica hacia las mujeres, as\u00ed como la ausencia de acompa\u00f1amiento de las autoridades para la restituci\u00f3n de sus proyectos de vida. Adem\u00e1s, no se han implementado las medidas de no repetici\u00f3n.<\/p>\n