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El pasado 6 de abril, 13 elementos<\/strong> de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (SEDENA<\/strong>) fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio<\/strong> de las dos ni\u00f1as<\/strong> de 11 y 7 a\u00f1os respectivamente, as\u00ed como por la tentativa de homicidio<\/strong> de una adolescente de 14 a\u00f1os, un adolescente de 12 a\u00f1os y dos adultos m\u00e1s, todos integrantes de una misma familia<\/strong>.<\/p>\n El 6 de mayo de 2025, en el estado de Sinaloa<\/strong>, la familia transitaba en una camioneta por una carretera con direcci\u00f3n a la escuela<\/strong>. Al darse cuenta de que el camino estaba bloqueado, retorn\u00f3 hacia su casa, cuando un convoy de tres veh\u00edculos del Ej\u00e9rcito mexicano<\/strong> abri\u00f3 fuego en contra de su veh\u00edculo. Desde ese momento, la familia (acompa\u00f1adas por el Centro Prodh) denunci\u00f3 el uso ileg\u00edtimo y arbitrario de la fuerza y han impulsado frente a las instituciones de procuraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n El Juez de Control<\/strong> Josu\u00e9 No\u00e9 Egure Y\u00e1\u00f1ez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal<\/strong> con sede en los Mochis, dict\u00f3<\/strong> un auto de vinculaci\u00f3n a proceso<\/strong> por los delitos de homicidio<\/strong> calificado<\/strong> y homicidio calificado en grado de tentativa<\/strong>. La determinaci\u00f3n conlleva nuevos retos por delante para que la FGR contin\u00fae fortaleciendo y perfeccionando\u00a0 la indagatoria en la siguiente etapa<\/strong> de investigaci\u00f3n complementaria. Las familias continuar\u00e1n denunciando<\/strong> y exigiendo justicia<\/strong> para quienes han sido objeto de graves violaciones a derechos humanos derivadas de la profundizaci\u00f3n de la militarizaci\u00f3n.<\/p>\n