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El pasado 2 de abril, el Comit\u00e9 contra la Desaparici\u00f3n Forzada, (CED por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/strong> de la ONU anunci\u00f3 su hist\u00f3rica decisi\u00f3n<\/strong> respecto al procedimiento del art\u00edculo 34 de solicitar a la Asamblea General de la ONU que considere medidas para asistir a M\u00e9xico respecto a la crisis de desapariciones.<\/strong><\/p>\n Desde el Centro Prodh continuamos realizando un an\u00e1lisis frente a tan importante informe. Sin embargo, mencionamos algunos puntos relevantes:<\/p>\n La decisi\u00f3n est\u00e1 basada en a\u00f1os de evaluaci\u00f3n<\/strong> sobre la comisi\u00f3n de desapariciones en el pa\u00eds y en particular ante la solicitud de diversas familias<\/strong>, colectivos y organizaciones.<\/p>\n El Comit\u00e9 clarifica que no funge como comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n sino que analiza si existen indicios bien fundados, conforme a la informaci\u00f3n recibida, respecto de si las desapariciones se cometen de manera sistem\u00e1tica o generalizada<\/strong>.<\/p>\n El Comit\u00e9 encontr\u00f3 una situaci\u00f3n preocupante caracterizada por un inmenso n\u00famero de desapariciones, reconociendo que muchas de ellas siguen siendo desapariciones forzadas de manera directa o en connivencia entre crimen organizado y autoridades<\/strong> de diferentes niveles y \u00f3rdenes de gobierno.<\/p>\n Sobre estas \u00faltimas, se\u00f1ala que agentes estatales conocen previamente de la situaci\u00f3n de riesgo real de la comisi\u00f3n de estas desapariciones y su conducta es un reconocimiento que los actores no estatales interpretan como consentimiento.<\/p>\n