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Recientemente, cuatro integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n<\/strong>, al resolver la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6\/2024, validaron la regresiva reforma a la Ley General de V\u00edctimas de 2020<\/strong>. Con ello, la \u201cnueva\u201d Corte fall\u00f3 en contra de las v\u00edctimas y mostr\u00f3 qu\u00e9 podemos esperar hacia delante, con la actual conformaci\u00f3n, en casos de derechos humanos.<\/p>\n Como se recordar\u00e1, en 2020 el Gobierno del Presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador decidi\u00f3 eliminar algunos fideicomisos federales, preservando otros \u2013se\u00f1aladamente, los de las Fuerzas Armadas. El argumento principal detr\u00e1s de esta decisi\u00f3n era que tales instrumentos financieros hab\u00edan sido fuente de corrupci\u00f3n.<\/p>\n La realidad, como suele ocurrir, era m\u00e1s compleja: algunos de estos fideicomisos serv\u00edan para pol\u00edticas p\u00fablicas relevantes y no ten\u00edan se\u00f1alamientos graves por la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n. En derechos humanos, tales fueron los casos del Fideicomiso del Fondo para la Protecci\u00f3n de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas<\/strong> y del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparaci\u00f3n Integral para v\u00edctimas<\/strong>.<\/p>\n En el caso de este \u00faltimo, la reforma legal relativa no s\u00f3lo suprimi\u00f3 este fideicomiso p\u00fablico sino que, adem\u00e1s, elimin\u00f3 la garant\u00eda presupuestaria<\/strong> que desde 2013 establec\u00eda el art\u00edculo 132, fracci\u00f3n I, de la Ley General de V\u00edctimas<\/strong>, el cual ordenaba que el Presupuesto de Egresos de la Federaci\u00f3n de cada a\u00f1o incluyera un monto m\u00ednimo de recursos<\/strong> p\u00fablicos para ser destinado, espec\u00edficamente, a la protecci\u00f3n de derechos victimales<\/strong>.<\/p>\n