![\"\"](\"https:\/\/centroprodh.org.mx\/sididh4_0\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/amparo_santiago_aguirre_nexos.jpg\")
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La iniciativa de reformas a la Ley de Amparo<\/strong> presentadas por el Ejecutivo el pasado 15 de septiembre no acaba con este medio de control constitucional, pero tampoco supone un avance sustantivo para el acceso a la justicia. Adem\u00e1s, en aspectos no menores, conlleva retrocesos preocupantes<\/strong>. La propuesta incluye algunos aspectos positivos<\/strong>: mejorar la tramitaci\u00f3n del juicio de amparo por medios digitales; fijar diversos plazos que pueden contribuir a que estos juicios se desahoguen m\u00e1s r\u00e1pido; y dificultar la evasi\u00f3n fiscal por v\u00eda del amparo.<\/p>\n No obstante, hay al menos tres aspectos regresivos en la iniciativa: 1) se acota la figura del \u201cinter\u00e9s leg\u00edtimo\u201d<\/strong>; 2) se limitan los alcances de la suspensi\u00f3n<\/strong> como medida cautelar; 3) se aumenta el margen para incumplir las sentencias<\/strong> al diluirse las consecuencias derivadas del desacato.<\/p>\n La propuesta de acotar la figura del \u201cinter\u00e9s leg\u00edtimo\u201d, con la modificaci\u00f3n propuesta al art\u00edculo 5, merece un tratamiento diferenciado por el efecto que puede tener para la defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil.<\/p>\n