El pasado 24 de enero M\u00e9xico fue evaluado por cuarta ocasi\u00f3n ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas (CDH) mediante el Examen Peri\u00f3dico Universal (EPU). Se trata de un mecanismo entre pares \u2014Estados examinando a otros Estados\u2014, en el que se eval\u00faa la situaci\u00f3n de derechos humanos y el nivel de cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales de cada pa\u00eds miembro de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU), para despu\u00e9s emitir recomendaciones.<\/p>\n
Desde el 2009, M\u00e9xico es examinado por el EPU cada cuatro a\u00f1os, siendo un ejercicio que las organizaciones de sociedad civil hemos seguido muy de cerca y en el que participamos activamente. Un momento crucial de la evaluaci\u00f3n es la sesi\u00f3n que se lleva a cabo en la sede del CDH en Ginebra, Suiza, en la que el Estado comparece y sostiene un di\u00e1logo interactivo con las delegaciones de los distintos pa\u00edses, las cuales emiten sus observaciones y recomendaciones para atender la situaci\u00f3n de derechos humanos.<\/p>\n
De la m\u00e1s reciente examinaci\u00f3n a M\u00e9xico, que abarca el periodo 2018-2023, es importante resaltar algunos aspectos. Por un lado, fue notorio que, a diferencia de las evaluaciones anteriores, en esta ocasi\u00f3n en la delegaci\u00f3n mexicana no se incluy\u00f3 a representantes del Poder Judicial ni de entidades tan relevantes como la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), cuya presencia resultaba fundamental para brindar en la comparecencia una perspectiva de Estado, teniendo en cuenta su responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas para revertir la crisis de derechos humanos en el pa\u00eds. Ante el contexto de abierta confrontaci\u00f3n entre el Ejecutivo y el Judicial, que s\u00f3lo hayan acudido la Canciller\u00eda y el Senado es sin duda un aspecto a notar.<\/p>\n