Empieza el 2024 y con ello un a\u00f1o intenso en cuanto a lo pol\u00edtico, lleno de desaf\u00edos para los derechos humanos. El contexto electoral marcar\u00e1, sin duda, los meses por venir. Las perspectivas que guiar\u00e1n a las plataformas pol\u00edticas que protagonizan esta disputa parecen ya dibujadas.<\/p>\n
De un lado, el intento de utilizar la persistente crisis de derechos humanos como arma arrojadiza al hacer una evaluaci\u00f3n cr\u00edtica de la actual administraci\u00f3n. Una perspectiva que si bien puede ser pol\u00edticamente comprensible, termina teniendo poca credibilidad y siendo poco m\u00e1s que una instrumentalizaci\u00f3n electoral de la gran tragedia nacional, al efectuarse por actores provenientes de formaciones pol\u00edticas que en el pasado contribuyeron a que esa crisis se generara.<\/p>\n
Del otro lado, la pretensi\u00f3n de subsumir la compleja y amplia agenda de las v\u00edctimas en la anunciada propuesta de modificar el mecanismo de selecci\u00f3n de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN). \u00c9sta, m\u00e1s all\u00e1 de los enormes riesgos que entra\u00f1a para el Estado de Derecho, de ninguna manera solventar\u00eda la profunda crisis de impunidad que vive el pa\u00eds, m\u00e1s vinculada con el mal funcionamiento de las fiscal\u00edas y con el modelo de seguridad militarizado y centralista, que con el de los jueces y juezas.<\/p>\n