De qu\u00e9 otra forma podr\u00eda calificar do\u00f1a Rosal\u00eda Soriano la actuaci\u00f3n del juez Emanuel Reyna V\u00e9lez, quien dict\u00f3 sentencia absolutoria al autor intelectual de la desaparici\u00f3n y asesinato de su hijo Arnulfo Cer\u00f3n Soriano, defensor comunitario de la Monta\u00f1a de Guerrero. Desde hace cuatro a\u00f1os aguard\u00f3 pacientemente la decisi\u00f3n final del juez, creyendo que aplicar\u00eda la justicia del gobierno en favor de Arnulfo y su familia. Sucedi\u00f3 todo lo contrario, prevaleci\u00f3 la impunidad en beneficio de Marco Antonio Garc\u00eda, quien fungi\u00f3 de facto el cargo de presidente municipal de Tlapa. Tuvo el poder econ\u00f3mico para contratar un equipo de abogados y asesores, que en todo momento accedieron al expediente de su defendido. Persuadieron a los funcionarios del Poder Judicial y a los jueces de que su cliente era inocente.<\/p>\n
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El pasado 29 de agosto, en la v\u00edspera del D\u00eda Internacional de las V\u00edctimas de Desapariciones Forzadas, el juez de enjuiciamiento penal con sede en Tlapa dict\u00f3 el fallo en favor de Marco Antonio. Argument\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico no aport\u00f3 las pruebas suficientes para demostrar que el autor intelectual orden\u00f3 la desaparici\u00f3n y asesinato del defensor ind\u00edgena. Trivializ\u00f3 la declaraci\u00f3n de Arnulfo, quien semanas antes de su desaparici\u00f3n denunci\u00f3 que hab\u00eda recibido amenazas de Marco Antonio y lo responsabiliz\u00f3 de lo que pudiera sucederle. El juez ignor\u00f3 esa prueba y los se\u00f1alamientos directos de testigos e imputados.<\/p>\n
En etapas previas al juicio, los jueces de control cedieron a las solicitudes de la defensa de Marco Antonio para cambiar las medidas cautelares. Con el argumento de que el procesado pod\u00eda contagiarse de covid-19 en la c\u00e1rcel de Tlapa, el juez de control autoriz\u00f3 el cambio de prisi\u00f3n preventiva por prisi\u00f3n domiciliaria. Fue evidente que el poder econ\u00f3mico del acusado tuvo mucho peso para inclinar la balanza en su provecho. Esta determinaci\u00f3n truculenta le cost\u00f3 el cargo al juez sin que prosperara la medida cautelar. Posteriormente otro magistrado le otorg\u00f3 la medida de libertad, sin tomar en cuenta la gravedad del delito. Este beneficio allan\u00f3 el camino al procesado que con su dinero influy\u00f3 en las declaraciones de los testigos. Varios fueron amedrentados, a otros les ofrecieron dinero a cambio de que no declararan. La esposa del defensor fue visitada por mensajeros del acusado quienes le advirtieron que su tranquilidad y prosperidad depend\u00edan de su silencio o inacci\u00f3n en el proceso.<\/p>\n
Ya no le muevas, fue la orden que mand\u00f3 a decir el se\u00f1or Garc\u00eda, el cual tambi\u00e9n ofreci\u00f3 dinero si se alineaba a los planes de su defensa. La dignidad y la exigencia de justicia de la esposa de Arnulfo fueron inconmovibles. A pesar de su situaci\u00f3n precaria y su extrema vulnerabilidad, do\u00f1a Gaby se sobrepuso al dolor y al miedo para poner a salvo a sus hijas. Ante la presi\u00f3n constante huy\u00f3 de Tlapa. Deambul\u00f3 en busca de un lugar seguro. El temor de sufrir una agresi\u00f3n fue mayor por el abandono en que se encontraba. Sus dos hijas truncaron sus estudios y resintieron m\u00e1s el trauma de la desaparici\u00f3n y el asesinato de su pap\u00e1. Hasta la fecha temen que su mam\u00e1 sea v\u00edctima de alguna agresi\u00f3n. Los riesgos fueron recurrentes, sobre todo cuando ten\u00eda que viajar para acudir al juzgado. Los jueces ignoraron el drama que turbaba su mente. No dimensionaron el da\u00f1o sicol\u00f3gico que caus\u00f3 estragos en la vida familiar. Su postura facciosa revictimiz\u00f3 a la esposa e hijas del defensor comunitario.<\/p>\n