Por: Mario Patr\u00f3n<\/p>\n
El jueves 26 de enero, en el marco de su informe de labores, Rosario Piedra,<\/strong> presidenta de la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),<\/strong> present\u00f3 a la Comisi\u00f3n Permanente del Congreso de la Uni\u00f3n<\/strong> una propuesta para cambiar el nombre de la CNDH por Defensor\u00eda Nacional de los Derechos de los Pueblos<\/strong> y, con ello, modificar algunas pautas de operaci\u00f3n de la actual CNDH. La propuesta llega en un clima de creciente crispaci\u00f3n y encono, incentivado por los procesos electorales<\/strong> que se efectuar\u00e1n \u00e9ste y el pr\u00f3ximo a\u00f1o; por ello vale la pena cuestionarnos si hoy lo m\u00e1s pertinente es plantear una reforma, o si no resulta indispensable iniciar antes un di\u00e1logo sobre las necesidades y urgencias de nuestro sistema ombudsperson.<\/p>\n La CNDH de Rosario Piedra se ha distinguido por su ambivalencia. Ciertamente, la productividad<\/strong> de la CNDH ha crecido en cuanto al n\u00famero de recomendaciones<\/strong> emitidas desde 2018 para llegar a un m\u00e1ximo hist\u00f3rico de 302<\/strong> recomendaciones emitidas en 2022. No obstante, estas cifras no necesariamente son reflejo de un trabajo transversal y cualificado para el fortalecimiento de los derechos humanos<\/strong> en M\u00e9xico.<\/strong> Dicho de otro modo, un aumento en el n\u00famero de recomendaciones no significa autom\u00e1ticamente una mejor procuraci\u00f3n de los derechos humanos.<\/p>\n Envuelta en pol\u00e9mica desde su llegada a la CNDH en 2019 por ser militante de Morena,<\/strong> la gesti\u00f3n de Rosario Piedra ha dado muestras de mayor cercan\u00eda al gobierno que a las v\u00edctimas. Bajo su liderazgo, la CNDH ha sido renuente a posicionarse frente a hechos que minan los derechos humanos, como la militarizaci\u00f3n<\/strong> de la Guardia Nacional<\/strong> o la privatizaci\u00f3n del agua en Quer\u00e9taro<\/strong> o la crisis forense<\/strong> nacional que representa m\u00e1s de 50 mil cuerpos sin identificar, s\u00f3lo por mencionar algunos; en cambio, se ha mostrado presta a manifestarse en favor de la reforma del INE<\/strong> y en contra de la ley 3 de 3 en Yucat\u00e1n<\/strong>, que impide a deudores alimentarios postularse para cargos de elecci\u00f3n popular. Esto ha ocasionado que su propio Consejo Consultivo haya tomado distancia de su presidenta en diversas ocasiones, y que organismos como Amnist\u00eda Internacional<\/strong> hayan externado preocupaci\u00f3n por la falta de claridad de la CNDH para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas y frente a la negativa de interponer acciones de inconstitucionalidad sobre temas cruciales en la vida democr\u00e1tica del pa\u00eds.<\/p>\n Con una argumentaci\u00f3n apegada a la narrativa de la 4T, la propuesta de reforma plantea, entre otras modificaciones, dotar de exigibilidad a las recomendaciones emitidas por el organismo; garantizar el pluralismo<\/strong> y la paridad de g\u00e9nero<\/strong> entre los funcionarios que lo integren; la elecci\u00f3n mediante voto popular del titular y de los integrantes del Consejo Consultivo<\/strong>; reducir la intermediaci\u00f3n de organizaciones civiles para la atenci\u00f3n a v\u00edctimas y ampliar su competencia en asuntos electorales.<\/p>\n Sin embargo, frente a las evidencias de un pobre acompa\u00f1amiento a las v\u00edctimas desde la CNDH y ante su indudable alineaci\u00f3n con el gobierno de L\u00f3pez Obrador, es l\u00edcito poner en duda que la reforma propuesta realmente vaya a garantizar una mejora del ecosistema de derechos humanos en el pa\u00eds. El cambio de nombre del organismo no es garant\u00eda de que se traducir\u00e1 en una mejor defensa de los derechos y la f\u00f3rmula propuesta de selecci\u00f3n de sus funcionarios por elecci\u00f3n popular, no s\u00f3lo contradice est\u00e1ndares internacionales, sino que abre un escenario propicio para partidizar el funcionamiento de la actual CNDH en detrimento de su autonom\u00eda.<\/strong><\/p>\n