{"id":72035,"date":"2022-12-01T07:55:08","date_gmt":"2022-12-01T13:55:08","guid":{"rendered":"https:\/\/centroprodh.org.mx\/sididh4_0\/?p=72035"},"modified":"2022-12-01T07:55:08","modified_gmt":"2022-12-01T13:55:08","slug":"fiscalias-deficientes-raiz-de-la-impunidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/centroprodh.org.mx\/sididh4_0\/2022\/12\/01\/fiscalias-deficientes-raiz-de-la-impunidad\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00edas deficientes, ra\u00edz de la impunidad"},"content":{"rendered":"

Art\u00edculo del Centro Prodh en Animal Pol\u00edtico<\/em><\/a><\/p>\n

Aunque desde el discurso oficial se fustiga una y otra vez a los poderes judiciales, llegando recientemente al lamentable extremo de llamar a que no se acaten las resoluciones judiciales o a denostar a los ministros y ministras que con raz\u00f3n se oponen a la prisi\u00f3n preventiva oficiosa, nuestro problema estructural de impunidad es sobre todo responsabilidad de polic\u00edas y fiscal\u00edas, no de jueces y juezas.<\/p>\n

Son las instituciones de procuraci\u00f3n de justicia las que han cambiado de nombre, pero no de pr\u00e1cticas y siguen por ello ancladas a visiones a\u00f1ejas que no permiten construir una pol\u00edtica criminal capaz de hacer frente a los retos del presente.<\/p>\n

En este panorama, mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la inmensa decepci\u00f3n que ha generado la gesti\u00f3n, a nivel federal, del primer fiscal aut\u00f3nomo. Una gesti\u00f3n que se ha caracterizado m\u00e1s por reeditar las visiones autoritarias del pasado y por situarse con frecuencia en conflictos de inter\u00e9s, sin iniciar procesos serios de limpieza interna, que por impulsar los cambios de fondo que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica requer\u00eda.<\/p>\n

Pero cuando se mira hacia las entidades de la Rep\u00fablica, pr\u00e1cticamente ning\u00fan estado sale bien librado. Lo cierto es que son pocos los gobernadores y las gobernadoras que han renunciado a la posibilidad de tener fiscales a modo y que respetan la autonom\u00eda, o que han hecho inversiones presupuestales notables para modernizar sus procuradur\u00edas.<\/p>\n

Cuando las designaciones de fiscales aut\u00f3nomos han precedido alternancias en los poderes ejecutivos locales, en pr\u00e1cticamente todos los casos y sin distingo de partido se han detonado conflictos entre gobernadores y fiscales. A esto se a\u00f1ade, adem\u00e1s, que en las entidades no se est\u00e9n impulsando procesos de revisi\u00f3n de casos injustos pendientes de resoluci\u00f3n. As\u00ed lo demuestra el caso de Keren Ordo\u00f1ez, en Tlaxcala, quien sigue presa, sobreviviendo la tortura y la discriminaci\u00f3n del sistema judicial, acusada por un delito que no cometi\u00f3, cuyo caso recordamos en el contexto de los 16 d\u00edas de activismo previos cada a\u00f1o al 25 de noviembre.<\/p>\n

A esta serie de falencias estructurales de las fiscal\u00edas, se a\u00f1ade otro vicio que no hemos logrado desterrar: la amenaza e incluso la abierta persecuci\u00f3n penal en contra de los fiscales que intentan hacer su trabajo. Sucedi\u00f3 en el pasado a nivel federal, por ejemplo respecto de la FEPADE o la Visitadur\u00eda General, y sigue ocurriendo en el presente en esa misma instituci\u00f3n: en el caso Ayotzinapa, al Fiscal en quien confiaban las familias se le orill\u00f3 a renunciar con amagos de actuar en su contra, si no acataba injerencias indebidas en su funci\u00f3n de investigaci\u00f3n de los delitos. Aun est\u00e1 en el aire el riesgo de que su gesti\u00f3n y su equipo sean investigados.<\/p>\n

Pero tambi\u00e9n sucede a nivel estatal, de manera reiterada, incluso por partidos distintos al que detenta el poder federal, cuyos dirigentes no parecen medir con los mismos est\u00e1ndares a sus gobiernos estatales. Es lo que hoy sucede, de forma n\u00edtida, en Chihuahua: la misma Fiscal\u00eda que ha demorado en llevar ante la justicia al responsable del asesinato de los dos padres jesuitas Javier Campos y Agust\u00edn Mora, ha sido expedita para judicializar y llevar a prisi\u00f3n preventiva a un exfiscal de honorabilidad reconocida, que encabez\u00f3 en la anterior administraci\u00f3n al equipo que investig\u00f3 las redes de corrupci\u00f3n locales, con una acusaci\u00f3n construida con prueba endeble.<\/p>\n

Una vez m\u00e1s estamos ante un patr\u00f3n conocido: presidentes y gobernantes estatales que premian en las fiscal\u00edas no la efectividad en la persecuci\u00f3n penal sino la lealtad ciega a un proyecto pol\u00edtico, al tiempo que castigan a quienes con independencia realizan investigaciones que incomodan a los actores poderosos.<\/p>\n

Esto no quiere decir, desde luego, que los fiscales no deban rendir cuentas. Como muestra el propio caso Ayotzinapa, quienes investigan los delitos y quienes encabezan las instituciones que realizan esta labor deben rendir cuentas cuando fabrican pruebas, usan la tortura o encubren la verdad. Pero estos procesos deben basarse en pruebas objetivas si quieren diferenciarse de meras venganzas pol\u00edticas.<\/p>\n

Mientras eso no ocurra, el paso de procuradur\u00edas a fiscal\u00edas no ser\u00e1 m\u00e1s que un cambio de nombre, que no redundar\u00e1 en ampliar el acceso a la justicia en M\u00e9xico, lo que indudablemente agravia m\u00e1s a quienes menos tienen.<\/p>\n

Cuestiones como la insistencia en f\u00f3rmulas autoritarias como la prisi\u00f3n preventiva oficiosa o en la denostaci\u00f3n gen\u00e9rica de los poderes judiciales, s\u00f3lo nos distraen de nuestro problema real: no tenemos fiscal\u00edas capaces de investigar con independencia los fen\u00f3menos criminales del siglo XXI y el poder pol\u00edtico no quiere renunciar a su control sobre estas instituciones. Y en eso, hay que insistir, no hay atisbos de transformaci\u00f3n.<\/p>\n

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