En la investigaci\u00f3n de la desaparici\u00f3n de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es necesario que el Ej\u00e9rcito colabore con la entrega de informaci\u00f3n requerida, que la cabeza de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) abra el di\u00e1logo con las familias y que, de
\nmanera oficial, se informe por qu\u00e9 se cancelaron \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n \u2013la mayor\u00eda contra militares\u2013 emitidas por la fiscal\u00eda especial del caso.<\/p>\n
Estas son s\u00f3lo una parte de las acciones que deber\u00edan realizarse a nivel federal para redireccionar el caso, en una etapa en que la confianza de las familias \u201cest\u00e1 trastocada\u201d, dice en entrevista Mar\u00eda Luisa Aguilar, coordinadora del \u00e1rea internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agust\u00edn Pro Ju\u00e1rez (Centro Prodh), una de las organizaciones que acompa\u00f1a y representa legalmente a madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, junto con las organizaciones de defensa de los derechos humanos (Serapaz) y el Centro de An\u00e1lisis e Investigaci\u00f3n (Fundar) en Ciudad de M\u00e9xico, adem\u00e1s del Centro de Derechos Humanos de la Monta\u00f1a Tlachinollan (Tlachinollan), en Guerrero.<\/p>\n
Para Aguilar, lo m\u00e1s importante en este \u201cmomento convulso\u201d es el impacto en las familias a partir de los hechos que comenzaron el 18 de agosto pasado, cuando se present\u00f3 el informe de la Comisi\u00f3n para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) a las familias, a las organizaciones representantes, al Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) y, horas despu\u00e9s, a la sociedad.<\/p>\n
Lo relevante de ese informe, considera, adem\u00e1s del reconocimiento de que hubo participaci\u00f3n de autoridades de distintos niveles del Estado mexicano, fue que mencion\u00f3 \u201clos obst\u00e1culos a los que se est\u00e1 enfrentando la investigaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n