Desde que se form\u00f3 el Centro de Derechos Humanos de la Monta\u00f1a Tlachinollan hemos padecido espionaje, denostaci\u00f3n y difusi\u00f3n de informaci\u00f3n dolosa y falaz. Vigilan en todo momento nuestros movimientos y monitorean nuestras reuniones. Interceptan nuestras llamadas telef\u00f3nicas y amenazan a las v\u00edctimas que acompa\u00f1amos, para que se desistan de sus denuncias. Hemos enfrentado denuncias penales, en que nos se\u00f1alan como miembros de la guerrilla.<\/p>\n
En la d\u00e9cada de 1990, por defender los derechos humanos de algunos maestros democr\u00e1ticos que fueron torturados, acusados de pertenecer a organizaciones pol\u00edtico-militares, nos asociaron con grupos armados y dijeron que \u00e9ramos defensores de guerrilleros. Tuvimos acceso a un documento que lleg\u00f3 a la Secretar\u00eda de Desarrollo Social, donde ubicaban a sacerdotes cat\u00f3licos como promotores de movimientos subversivos. Como director del Centro de Derechos Humanos de la Monta\u00f1a Tlachinollan, me se\u00f1alaron como parte de la l\u00ednea dura de la teolog\u00eda de la liberaci\u00f3n, que pregonaba que s\u00f3lo las armas cambiar\u00edan la realidad de la Monta\u00f1a. Fue un documento auspiciado por los militares y elaborado por el Cisen. En esos a\u00f1os se trataba de ubicar a las organizaciones sociales y movimientos religiosos que supuestamente apoyaban al EZLN.<\/p>\n
Cuando defendimos a Valentina Rosendo e In\u00e9s Fern\u00e1ndez, v\u00edctimas de violaci\u00f3n y tortura sexual por militares, enfrentamos junto con ellas amenazas graves, al grado de que debimos cerrar nuestras oficinas en Ayutla. Valentina con su peque\u00f1a hija tuvo que huir del estado. Pese a las denuncias, los ministerios p\u00fablicos se negaron a investigar. En febrero de 2009, criminales, coludidos con el presidente municipal de Ayutla, desaparecieron y asesinaron a dos defensores del pueblo Tu un savi, Ra\u00fal Lucas Luc\u00eda y Manuel Ponce Rosas. En lugar de indagar a las autoridades, filtraron la informaci\u00f3n de que Ra\u00fal pertenec\u00eda a la guerrilla, justificando su homicidio.<\/p>\n
Sus ejecuciones se enmarcan dentro de la guerra de contrainsurgencia aplicada en Guerrero contra los luchadores sociales.<\/p>\n
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emiti\u00f3 medidas provisionales para proteger a In\u00e9s Fern\u00e1ndez, Valentina Rosendo, as\u00ed como al equipo de Tlachinollan. En 2010 la Corte Interamericana declar\u00f3 por unanimidad que el Estado mexicano result\u00f3 internacionalmente responsable por la violaci\u00f3n de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada y a las garant\u00edas judiciales de In\u00e9s Fern\u00e1ndez y Valentina Rosendo. Varios soldados fueron responsables de violaciones y torturas sexuales contra In\u00e9s y Valentina. El cumplimiento de las dos sentencias y el castigo a los responsables ha implicado riesgos y amenazas para las familias de las dos compa\u00f1eras y para los miembros de Tlachinollan.<\/p>\n
Ante la decisi\u00f3n unilateral de la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE) de construir una presa hidroel\u00e9ctrica en el afluente del r\u00edo Papagayo, los campesinos opositores del n\u00facleo comunal de Cacahuatepec se organizaron para defender su r\u00edo y sus tierras. Crearon el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), que bajo el liderazgo de Marco Antonio Su\u00e1stegui ejercieron su derecho a la protesta y p\u00fablicamente se opusieron a ser despojados y desplazados de su territorio. Los tres niveles de gobierno criminalizaron su movimiento. Causaron divisiones, provocaron enfrentamientos y consumaron varios asesinatos. Encarcelaron a Marco Antonio y lo trasladaron al penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit. Como Tlachinollan asumimos su defensa y demostramos su inocencia. En los tribunales agrarios ganamos cinco juicios y echamos abajo los planes aviesos de construir la presa, que, con el apoyo de la Procuradur\u00eda Agraria, la presidencia municipal de Acapulco y los gobernadores en turno, trataron de imponerla utilizando la fuerza p\u00fablica.<\/p>\n
Para contrarrestar la presencia del Cecop en las comunidades pobres del Acapulco rural, las autoridades municipales se coludieron con empresarios corruptos y grupos criminales. La extracci\u00f3n ilegal de los recursos p\u00e9treos y el trasiego de la droga en la regi\u00f3n son los problemas que m\u00e1s afectan a los campesinos que en todo momento han pedido la intervenci\u00f3n de las autoridades. En lugar de proteger sus tierras comunales se ha incrementado el despojo y la violencia, al grado que en la regi\u00f3n la disputa territorial es sangrienta por la presencia del grupo delincuencial Los Rusos y la UPOEG. Las dos organizaciones junto con elementos de la polic\u00eda ministerial de Acapulco tienen que ver con la desaparici\u00f3n de Vicente Su\u00e1stegui, defensor del territorio y hermano de Marco Antonio.<\/p>\n
La documentaci\u00f3n divulgada en las \u00faltimas semanas como resultado del hackeo contra la Sedena, evidencia que se ha espiado a los defensores y l\u00edderes sociales del Cecop y de Tlachinollan. Sus informes est\u00e1n plagados de mentiras. Falsamente y sin fundamento, se nos acusa de una amenaza para el gobierno. Nos tratan como delincuentes. Por el contrario, no se investiga con seriedad a los grupos criminales que han devastado el r\u00edo Papagayo, los que est\u00e1n vinculados con el negocio de la droga y la venta de armas y han causado terror en la poblaci\u00f3n del Acapulco rural.<\/p>\n
Los aparatos de inteligencia se han convertido en f\u00e1brica de mentiras, en enemigos de las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos.<\/p>\n
Las falsas acusaciones en nuestra contra se\u00f1al\u00e1ndonos como promotores de la ingobernabilidad en la regi\u00f3n, desacreditan nuestra labor y nos colocan en alto riesgo. La criminalizaci\u00f3n contra los defensores y luchadores sociales debe cesar.<\/p>\n
\u201cLa criminalizaci\u00f3n contra luchadores sociales\u00a0debe\u00a0cesar\u201d<\/p><\/blockquote>\n
Art\u00edculo\u00a0 de Abel Barrera* publicado originalmente en La Jornada el 17 de octubre de 2022.<\/p>\n
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Monta\u00f1a-Tlachinollan<\/p>\n<\/body>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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