La democracia, de manera simple en t\u00e9rminos de Rousseau, es aquella voluntad popular y colectiva cedida a una persona leg\u00edtima para que represente y atienda las necesidades del pueblo por el bien com\u00fan. Sin embargo, cuando este modelo pol\u00edtico se aleja de los derechos humanos, la seguridad y la vida de las personas, no s\u00f3lo la verdadera democracia se pone en riesgo, sino tambi\u00e9n al pueblo mismo.<\/p>\n
Este peligro social se ha agravado en M\u00e9xico durante los \u00faltimos sexenios presidenciales, con pol\u00edticas de seguridad y de combate al crimen organizado fallidas, que no han logrado garantizar los derechos a la vida y la paz social. Por el contrario, han exacerbado la violencia en el pa\u00eds. Ello ha sido resultado de l\u00f3gicas militaristas implementadas por el gobierno a trav\u00e9s del aumento del uso de las fuerzas armadas, que ponen en riesgo a los derechos humanos.<\/p>\n
La Guardia Nacional, promovida desde el Poder Ejecutivo federal de la actual administraci\u00f3n, se present\u00f3 como aquel organismo garante de seguridad y paz para la poblaci\u00f3n, a trav\u00e9s de actividades de seguridad p\u00fablica con un mando civil. Es importante mencionar que dicha promesa se realiz\u00f3 en el marco de una guerra declarada contra el narcotr\u00e1fico desde el sexenio de Felipe Calder\u00f3n, la cual no ha logrado restablecer la paz en los territorios, sino que ha incrementado la violencia y violaciones graves a derechos humanos. A pesar de esto, las reformas constantes hacia la normatividad de la Guardia Nacional, principalmente las reci\u00e9n aprobadas, han generado temores sobre el respeto a los derechos humanos.<\/p>\n
El marco normativo de inicios de este gobierno, que dio paso a la Guardia Nacional, establec\u00eda que la seguridad ciudadana deber\u00eda estar a cargo de mandos civiles para el respeto y procuraci\u00f3n del estado de derecho; asimismo, establec\u00eda la obligaci\u00f3n para el retiro paulatino de las fuerzas armadas de labores de seguridad p\u00fablica, lo cual deb\u00eda concretarse en los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os. Sin embargo, con la modificaci\u00f3n reciente plantea que la direcci\u00f3n del organismo se encontrar\u00e1 bajo la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional, omitiendo el car\u00e1cter civil prometido y regresando a la \u00edndole militar; m\u00e1s todav\u00eda, se ampli\u00f3 el periodo para que las fuerzas armadas permanezcan en las calles.<\/p>\n
Como lo han se\u00f1alado diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos, colocar a militares en apoyo a tareas de seguridad p\u00fablica vulnera el estado de derecho y los derechos humanos.<\/p>\n
Es necesario comprender que la crisis de violencia e institucionalidad que se vive en el pa\u00eds es consecuencia en buena parte de pol\u00edticas capitalistas que han apostado por el extractivismo y el despojo de las tierras y territorios a trav\u00e9s de la violencia y en complicidad con los grandes poderes econ\u00f3micos internacionales; de la represi\u00f3n ejercida hacia movimientos sociales y personas defensoras de derechos humanos para \u201cresguardar el orden social\u201d, de falta de justicia en un pa\u00eds con un \u00edndice de impunidad de m\u00e1s de 90 por ciento, de un modelo de seguridad incompatible con la democracia y la paz, y el crecimiento del crimen organizado.<\/p>\n
La b\u00fasqueda de la paz, por medio del esclarecimiento de la verdad y la justicia, ha sido la exigencia de diversas v\u00edctimas de delitos y violaciones graves a derechos humanos, quienes han sufrido la represi\u00f3n, el uso excesivo de la fuerza y la impunidad bajo el mando militar, tal como sucedi\u00f3 con los movimientos estudiantiles el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de M\u00e9xico, o, m\u00e1s reciente, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.<\/p>\n
As\u00ed, sin haber fincado las correspondientes responsabilidades y mucho menos las debidas sanciones, la impunidad se ha mantenido.<\/p>\n
Estos referentes hist\u00f3ricos nos vienen a recordar que el mando militar ha sido, por desgracia, sin\u00f3nimo de represi\u00f3n de protestas y movimientos sociales, que no ha garantizado la seguridad civil. Por tanto, no hay cabida para la protecci\u00f3n de la vida y los derechos humanos con personas militares haciendo labores de car\u00e1cter civil.<\/p>\n
Oponernos a que se contin\u00fae con la estrategia de seguridad fallida de mantener al mando militar en las calles no es gratuito. Por el contrario, es necesario dise\u00f1ar estrategias de seguridad que eviten a toda costa otorgar a\u00fan m\u00e1s poder al Ej\u00e9rcito, que se priorice garantizar los derechos humanos de la poblaci\u00f3n civil seg\u00fan lo establecido en la Constituci\u00f3n mexicana y est\u00e1ndares internacionales en materia de derechos humanos, y que se haga frente al crimen organizado de manera multisectorial y desde los distintos niveles de gobierno.<\/p>\n
La seguridad no se garantiza ni con violencia, ni con armas, ni con militares, as\u00ed como el uso excesivo de la fuerza es innecesario para solucionar las desigualdades sociales. Lo que necesitamos es construir una democracia social para desmontar las estructuras sociales y recuperar la paz a trav\u00e9s de la justicia que nos ha sido arrebatada con las armas.<\/p>\n
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