En los \u00faltimos d\u00edas, el caso Ayotzinapa ha entrado en una din\u00e1mica vertiginosa producto del cruce de declaraciones, contradicciones, filtraciones, detenciones y movimientos institucionales que se han sucedido. Ello no ha hecho sino reavivar el \u00e1nimo de incertidumbre respecto de la resoluci\u00f3n del caso y multiplicar las dudas sobre la genuina voluntad del Estado para esclarecer los hechos, adem\u00e1s de poner en jaque los avances que parec\u00edan haberse logrado en pos de la soluci\u00f3n del caso en los a\u00f1os recientes.<\/p>\n
El v\u00e9rtigo se desat\u00f3 con el conflicto entre la Unidad Especial para la Investigaci\u00f3n y Litigaci\u00f3n del Caso Ayotzinapa (Ueilca) y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR). El 18 de agosto la Ueilca present\u00f3 83 solicitudes de detenci\u00f3n, 20 dirigidas a militares. Ese d\u00eda, la Comisi\u00f3n para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) presentaba un informe en que se\u00f1alaba claras responsabilidades del Estado y el Ej\u00e9rcito en la desaparici\u00f3n de los estudiantes.<\/p>\n
Sin embargo, d\u00edas despu\u00e9s, y tras una injerencia indebida de la FGR, se cancelaron 21 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n, 16 contra militares, y se apresur\u00f3 la orden de aprehensi\u00f3n de Jes\u00fas Murillo Karam, con lo cual se apart\u00f3 a la Ueilca del proceso. Ha trascendido que, mientras lo anterior ocurr\u00eda, la FGR dej\u00f3 sin polic\u00edas ministeriales a la Ueilca.<\/p>\n
El 15 de septiembre se inform\u00f3 que hab\u00edan sido ejecutadas cuatro detenciones contra militares, aquellas que no fueron canceladas previamente por la FGR. El 24 de septiembre se filtr\u00f3 informaci\u00f3n originalmente oculta en el reporte de la Covaj, con la cual se comprometi\u00f3 la judicializaci\u00f3n del caso. Este cap\u00edtulo del embrollo desemboc\u00f3 en la renuncia de Omar G\u00f3mez Trejo, fiscal de la Ueilca; pasar\u00eda muy poco tiempo para que el entorno del caso se enrareciera m\u00e1s, pues dos d\u00edas despu\u00e9s los medios nacionales revelar\u00edan el hackeo y filtraci\u00f3n de documentos de la Sedena.<\/p>\n
La renuncia de G\u00f3mez Trejo ha representado un duro golpe a la b\u00fasqueda de verdad y justicia. Su labor le gan\u00f3 el reconocimiento de los familiares de los desaparecidos y de las organizaciones que los han acompa\u00f1ado; su gesti\u00f3n en la Ueilca propici\u00f3 avances en t\u00e9rminos de verdad, con la identificaci\u00f3n de restos de los normalistas Christian Rodr\u00edguez y Jhosivani Guerrero, clave para desmentir la verdad hist\u00f3rica construida el sexenio anterior.<\/p>\n
Ante la confusi\u00f3n e incertidumbre que generaron los hechos rese\u00f1ados, se impone ratificar un par de preguntas claves: \u00bfqu\u00e9 est\u00e1 en juego para el Estado mexicano y para nuestra sociedad?; y, en primer t\u00e9rmino, \u00bfqu\u00e9 est\u00e1 en juego para los padres de los normalistas desaparecidos?<\/p>\n
Como bien apunt\u00f3 Carlos Mart\u00edn Beristain en la rueda de prensa que ofreci\u00f3 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el 29 de septiembre, est\u00e1 en juego nada menos que la aspiraci\u00f3n de verdad y la justicia de un pa\u00eds entero. No se trata s\u00f3lo de procesos judiciales y carpetas de investigaci\u00f3n, sino de personas y familias cuyo dolor y dignidad han empujado un tortuoso proceso que ha permitido los avances que hasta ahora se tienen. Desde el primer momento, los familiares han sido v\u00edctimas no s\u00f3lo de la desaparici\u00f3n de sus hijos, sino tambi\u00e9n de las resistencias y contradicciones de un Estado que ha llevado a cabo una din\u00e1mica de informaci\u00f3n marcada por el ocultamiento y la tergiversaci\u00f3n durante ocho a\u00f1os, lastimando reiteradamente a las v\u00edctimas.<\/p>\n
Al inicio de la presente administraci\u00f3n se ofreci\u00f3 un compromiso radical con el esclarecimiento de los hechos. Con la creaci\u00f3n de la Covaj y la Ueilca se acredit\u00f3 dicho compromiso, pues constituyeron pasos importantes que dieron resultados efectivos. Sin embargo, los \u00faltimos hechos ponen en duda la consistencia del compromiso, pues han puesto en riesgo los procesos virtuosos que se hab\u00edan encaminado y que debieran protegerse en favor del derecho a la verdad de las familias; y con ello se traiciona la confianza que las familias depositaron en las instituciones encargadas del proceso y se devuelve al pa\u00eds entero a un escenario mucho m\u00e1s parecido al del sexenio anterior.<\/p>\n
Politizar el caso, como han hecho representantes institucionales, es una nueva forma de victimizaci\u00f3n. La autoridad est\u00e1 llamada a actuar siempre de manera respetuosa del dolor y sufrimiento de las familias, y ello exigir\u00eda asumir en primera instancia una disposici\u00f3n de apertura al di\u00e1logo directo con los familiares para esclarecer los hechos acontecidos en d\u00edas recientes que han enrarecido el camino hacia la verdad. Est\u00e1 en juego con ello la institucionalidad del pa\u00eds; la verdad y justicia; el genuino compromiso de erradicar la impunidad y la corrupci\u00f3n, y la voluntad real de frenar la din\u00e1mica de reproducci\u00f3n de estructuras gubernamentales que han imposibilitado la constituci\u00f3n de un estado democr\u00e1tico de derecho en el pa\u00eds.<\/p>\n
El 29 de septiembre, los integrantes del GIEI apuntaron tres claves en el proceso, de cara a la conclusi\u00f3n del plazo pactado para la finalizaci\u00f3n de sus labores: generar un mecanismo de seguimiento al caso; fortalecer a la Ueilca, revirtiendo para ello el descr\u00e9dito del que ha sido objeto por la FGR en los \u00faltimos d\u00edas, y replantear el papel de la Covaj con los familiares, poniendo en el centro el di\u00e1logo y la dignidad del dolor de los padres.<\/p>\n
El esclarecimiento del caso, la b\u00fasqueda de verdad y justicia; los derechos de reparaci\u00f3n y no repetici\u00f3n de las v\u00edctimas se garantizar\u00e1n s\u00f3lo en la medida en que el Estado d\u00e9 nuevas y contundentes muestras de congruencia con su compromiso original por la verdad; ello se traduce en impedir nuevas injerencias institucionales a las investigaciones y no poner por delante c\u00e1lculos e intereses pol\u00edticos, sino la dignidad de las v\u00edctimas y el deber superior del Estado de tutelar y garantizar sus derechos.<\/p>\n<\/body>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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