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Ciudad de M\u00e9xico, 16 de febrero de 2022.\u00a0<\/b>A 26 a\u00f1os de los Acuerdos de San Andr\u00e9s Larrainzar y a m\u00e1s de tres a\u00f1os de la llegada del gobierno de la 4T, sigue sin concretarse la reforma constitucional que garantice de forma plena los derechos colectivos de pueblos y comunidades ind\u00edgenas y afromexicanas, se\u00f1al\u00f3\u00a0la Alianza por la Libre Determinaci\u00f3n y la Autonom\u00eda (ALDEA,y exigi\u00f3\u00a0al Poder Ejecutivo y al Congreso cumplir este hist\u00f3rico acuerdo. \u00a0<\/p>\n
\u201cA la fecha, se han sucedido cinco presidentes, diez legislaturas, incluida la cuarta transformaci\u00f3n, y esa deuda hist\u00f3rica contin\u00faa. Si bien hubo una reforma sobre el tema en 2001, no incorpor\u00f3 estos derechos, apegados al esp\u00edritu de San Andr\u00e9s\u201d, advirtieron las comunidades y organizaciones. \u00a0<\/p>\n
ALDEA se\u00f1al\u00f3 que la desprotecci\u00f3n del marco legal vigente ha derivado en un sinn\u00famero de conflictos violentos que han llevado a la c\u00e1rcel a personas defensoras que luchan por la autonom\u00eda ind\u00edgena, como los casos de Jos\u00e9 Antonio y Jos\u00e9 Luis, de la comunidad pur\u00e9pecha de Nahuatzen, recientemente puestos en libertad por orden de la SCJN y tras la movilizaci\u00f3n permanente de su comunidad. O el caso del pueblo otom\u00ed de San Francisco Mag\u00fa, donde varios de sus integrantes son criminalizados por aplicar sus sistemas normativos de tenencia de la tierra para el manejo de un centro cultural comunitario. \u201cOtra lamentable situaci\u00f3n es la de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Polic\u00eda Comunitaria (CRAC-PC) de la Monta\u00f1a y Costa Chica de Guerrero, afectada por una contrarreforma promovida por el gobierno de esa entidad que les retir\u00f3 la protecci\u00f3n legal para llevar a cabo la labor de seguridad comunitaria que han brindado por m\u00e1s de 25 a\u00f1os\u201d, agregaron.\u00a0<\/p>\n
Las comunidades aseguraron que les\u00a0alientan experiencias como las de comunidades zapotecas de Valles Centrales, articuladas en la COPUDA, que despu\u00e9s de d\u00e9cadas de lucha han visto cumplida su demanda hist\u00f3rica por hacer valer su manejo tradicional del agua.<\/p>\n
\u201cEn adici\u00f3n a los agravios cotidianos en contra de los derechos colectivos, se suma la permanencia de pol\u00edticas y leyes neoliberales de las \u00faltimas d\u00e9cadas, como la Reforma Energ\u00e9tica, la Ley Nacional de Aguas, el art. 27 constitucional reformado y la Ley Minera, a la cual se a\u00f1ade el reciente Acuerdo del Ejecutivo sobre proyectos del orden federal. \u00a0Todo este entramado legal constituye un atentado hacia la libre determinaci\u00f3n de los pueblos sobre sus territorios y bienes comunes, al justificar, la ocupaci\u00f3n de los mismos, por considerar preferentes, de utilidad p\u00fablica e incluso de seguridad nacional varias de estas actividades y proyectos\u201d, manifestaron. \u00a0<\/p>\n
ALDEA se\u00f1al\u00f3 que, recientemente,\u00a0el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador recibi\u00f3 de las autoridades yaquis la propuesta de Reforma Ind\u00edgena que busca recuperar los compromisos establecidos en los Acuerdos de San Andr\u00e9s. \u201cSin embargo, dicha reforma est\u00e1 a\u00fan frenada, a pesar de que fue promovida por el \u00a0Instituto Nacional de Pueblos Ind\u00edgenas (INPI) en un proceso participativo y con el respaldo de 630 mil 986 firmas de autoridades, representantes y hombres y mujeres de todos los pueblos ind\u00edgenas y afromexicanos del pa\u00eds y a pesar de que tanto la Relator\u00eda Especial sobre los Derechos de los Pueblos ind\u00edgenas como la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos han instado al Estado mexicano a fortalecer el marco legal para el ejercicio del derecho a la libre determinaci\u00f3n de los pueblos\u201d, lamentaron.\u00a0<\/p>\n\n
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