
El pasado 5 de noviembre concluyó la evaluación a México del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU.
El Comité reconoció que importantes progresos desde 2018 como la ratificación del Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en minas, el aumento de salarios y reducción de la pobreza; sin embargo, señaló preocupación por los impactos negativos de la reforma judicial, eliminación de organismos autónomos, reformas a la Ley de Amparo, violencia contra personas defensoras, la práctica del fracking y falta de mecanismos efectivos para garantizar la protección del medio ambiente, entre otros.
Sobre la Reforma Judicial el también conocido como Comité externó sus preocupaciones sobre sus impactos en los DESCA, las garantías de imparcialidad, formación adecuada e independencia de las personas juzgadoras tras la elección, así como por la efectividad de los recursos para los jueces cuya carrera judicial finalizó tras la implementación.
Respecto a la reforma a la Ley de Amparo subrayó que es “contradictoria con una política de protección al ambiente” y expresó su preocupación por la limitación del uso de este juicio, las restricciones para defender derechos colectivos y las dificultades para comunidades y organizaciones que defienden el medio ambiente por las limitaciones para acreditar el daño.
Sobre seguridad, el órgano mostró su preocupación ante la gravedad de la violencia cometida por la delincuencia organizada -particularmente sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Cuestionó sobre indicios de complicidad, apoyo, aquiescencia de autoridades en la comisión de delitos y sobre las investigaciones abiertas al respecto.
Sobre personas defensoras de DDHH, el Comité expresó que “está muy preocupado por los asesinatos y agresiones contra defensores de la tierra y también contra personas que buscan a sus familiares desaparecidos”, alertando también sobre desapariciones, así como la falta de su investigación.
Después de esta evaluación, el Comité emitirá su informe de “Observaciones Finales” con recomendaciones concretas a cuya implementación dará seguimiento. Dado el carácter integral de esta evaluación, el Estado debe aceptar las recomendaciones del Comité, sobre todo en los temas más críticos y estructurales para la garantía de derechos DESCA.
Mira las sesiones completas del 4 de noviembre y del 5 de noviembre.
