La observación de la comunidad internacional sobre la crisis de desapariciones en México volvió a la discusión pública en días recientes. El pasado 20 de octubre, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) presentó el informe anual del CED ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco de su 81 periodo de sesiones.
En la presentación se abordó la decisión del CED de abril de 2026, de remitir la urgente situación de México ante la Asamblea General conforme al artículo 34 de la Convención Internacional en la materia, con el objetivo de que se tomen medidas de cooperación y asistencia internacional en torno a la crisis de desapariciones que enfrenta el país y que tanto ha lastimado a miles de familias.
En su informe, el presidente del CED reiteró que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se cometen de manera generalizada o sistemática en el país. Si bien reconoció los esfuerzos realizados por el Estado mexicano, advirtió que persisten problemas estructurales que requieren atención.
Con un tono más cauteloso que en la decisión de abril, señaló que el Comité ya había formulado propuestas concretas y que ahora correspondía a la Asamblea General considerar la “movilización y cooperación internacional” y el apoyo que ofrece un procedimiento que calificó de “preventivo” y “excepcional de alerta”.