El pasado 6 de octubre, las presidencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), del Tribunal Electoral (TEPJF) y del Órgano de Administración Judicial (OAJ) presentaron a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) y a la Ley de Amparo, como una propuesta para fortalecer su coordinación institucional y autonomía administrativa.
No es la primera ocasión que el Poder Judicial solicita al Ejecutivo que presente una reforma al Legislativo; sin embargo, sí es la primera vez que esto ocurre en un contexto en el que un mismo proyecto político encabeza los tres poderes, después de la elección judicial.
La presente reforma —como la aprobada este año que aplazó la próxima elección de personas juzgadoras— dista de atender los problemas más graves de lo que fue la reforma al poder judicial y profundiza preocupaciones documentadas de lo que hoy es la falta de independencia judicial.