En su rondín por la central de autobuses de San Pedro Tlaquepaque, el comandante Martín Escobar saluda a otro policía que baja de un remolque estacionado en la calle. Dentro del vehículo hay una mesa, una silla, un radio y una pantalla desde la que monitorea las imágenes de las cámaras de seguridad de las salas de espera y de los andenes por donde entran y salen los pasajeros. Metros adelante, en la misma banqueta, se ven dos camionetas de la Guardia Nacional y un módulo del Ejército cerrado. En la acera de enfrente están tres patrullas municipales, con cuyos tripulantes se han detenido a charlar unas mujeres policías.
Los funcionarios de esas corporaciones tienen una misión importante: que las personas contactadas por el cártel local —el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, o por sus rivales, al subir o bajar de los autobuses no sean enganchadas y luego desaparecidas. Y justo esta terminal conocida como la “nueva central camionera” de Guadalajara, en la zona conurbada de la ciudad, es el sitio más famoso y más candente en México para el reclutamiento forzado.