El Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana presentó ayer en Santa Fe su segundo informe sobre conflictividad socioambiental y proyectos extractivos en el país. Titulado Entre el despojo y las apuestas por la vida. La maquinaria del extractivismo en México, el informe revisa 4,667 notas publicadas entre 2017 y 2024 en La Jornada, Reforma y Proceso. A partir de ese análisis, el OCSA identificó 1,139 proyectos extractivos asociados a algún tipo de conflictividad socioambiental en las 32 entidades del país.
Esta cifra representa un incremento de 47% respecto al corte realizado por el Observatorio en 2021. Entre los impactos más frecuentes de dicho modelo se encuentran el desplazamiento forzado, la fragmentación del tejido social, la pérdida de patrimonio biocultural y las afectaciones a la salud y a los medios de vida de las comunidades.
Dado que el periodo analizado abarca distintas administraciones federales, el informe no atribuye a un gobierno en particular, sino a una estructura institucional que ha operado de manera continua. Desde esta perspectiva, el despojo aparece como parte de una maquinaria sostenida por mecanismos legales, institucionales, socioeconómicos y coercitivos que han facilitado la implementación de proyectos extractivos.
Entre 2017 y 2024, el Observatorio documentó 107 personas defensoras asesinadas y 24 desaparecidas en conflictos relacionados con actividades extractivas y despojo.
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